La fiscalía endurecerá la persecución de los accidentes laborales graves

Más mano dura de la fiscalía en la persecución de los accidentes laborales con muertos o heridos graves. El ministerio público pretende que los juicios por estos casos no se eternicen y puedan celebrarse en el plazo de un año. Para eso, la fiscalía y la Inspección de Trabajo de Barcelona pretenden implicar a los ayuntamientos y ayer se reunieron con las policías locales de los 60 municipios más importantes de Barcelona.

Desde hace más de un año hay en Barcelona una fiscal especializada en seguridad laboral, pero a la vista del debate creado este verano por los accidentes de julio y agosto, la fiscalía se ha replanteado la situación. De ahí la reunión de ayer, que concluyó con un doble acuerdo. Por un lado, el compromiso de la Guardia Urbana de los municipios más importantes de la provincia de alertar a la Inspección de Trabajo de las situaciones en las que pueda haber un grave riesgo para la seguridad de los trabajadores, especialmente en la construcción.

Según el otro compromiso, la Guardia Urbana remitirá a la fiscalía el atestado policial que redacte cuando se produzca un accidente laboral grave, como ocurre con los accidentes de tráfico. Actualmente esos atestados por accidente laboral sólo se envían al juzgado y en ocasiones se acaban diluyendo en la burocracia judicial. Ahora la fiscalía pretende impulsar la tramitación de los casos para evitar, como ocurre en ocasiones, que los juicios se celebren al cabo de siete años de haber pasado los hechos. Antonio Benavides, jefe de la Inspección de Trabajo en Barcelona, afirmó que el acuerdo pretende 'sacar el máximo provecho de la presencia de la policía en la calle', para actuar con más rapìdez.

Al margen de los acuerdos, el fiscal Mena denunció la falta de medios de la Inspección de Trabajo para realizar su labor y la 'inaplazable' necesidad de aumentar la plantilla y mejorar sus instalaciones. Ahora hay en la provincia de Barcelona 79 inspectores de trabajo, los mismos que hace ocho años. La proporción por 1.000 trabajadores en la provincia es mucho menor que en el resto de España, donde, a su vez, ya es inferior a la europea, aunque Benavides declinó dar las cifras.

'¿Debería ir el empresario a la cárcel cuando hay un accidente laboral?', se le preguntó al fiscal Mena, y éste respondió lacónicamente: 'Estoy de acuerdo con la propuesta del periodista'. Con todo, explicó que para los sindicatos la persecución penal del patrón no es una prioridad y él mismo acabó expresando su 'desconfianza en la influencia del derecho penal en el comportamiento humano'.

La Generalitat propondrá cambiar la ley de riesgos laborales para actuar con más dureza a la hora de prevenir los accidentes. Pero el secretario general de CC OO de Cataluña, Joan Coscubiela, recuerda que el Ejecutivo tiene plenas competencias en la materia, y le acusa de 'no hacer nada' para evitar los accidentes.