El triple secuestro de Argentina

Argentina se debate entre la espada y la pared, entre las drásticas exigencias de cambios del FMI para prestarle ayuda económica y la cicatería de sus políticos y la resistencia de sus jueces a plegarse a los dictados del citado organismo. Cada vez que se aproximan las posturas entre el Gobierno argentino y el FMI se produce algun acuerdo parlamentario o alguna decisión judicial que desbarata el posible acuerdo.

La guerra abierta entre el Ejecutivo y la Corte de Justicia hace estériles los esfuerzos del ministro Lavagna por arrancar al FMI nuevas ayudas

Paul O'Niell, el secretario de Estado de EE UU, dice que el plan económico presentado por Buenos Aires al Fondo es insostenible

A Roberto Lavagna le sucede lo que a Sísifo. Condenado a ministro de Economía de Argentina, después de que el presidente Eduardo Duhalde no encontrara a otro, intenta desde el pasado mes de abril cumplir con las medidas que le pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) para construir un plan sostenible. Avanza en la negociación pero, cuando está cerca de cerrarla, aparecen nuevas objeciones del FMI y se cae el acuerdo.

Algunos analistas, como el economista Carlos Melconian, consideran que el Gobierno de transición del peronista Duhalde jamás conseguirá un pacto. Quedaría pendiente para su sucesor, que asumirá el poder en mayo próximo. Lavagna sólo pretende que se posterguen los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito hasta fines de 2003, que totalizan unos 18.000 millones de dólares. El jueves, para evitar una inmediata suspensión de pagos, el FMI aceptó aplazar por un año el pago de 2.700 millones de dólares que vencían mañana lunes. Argentina descarta cualquiera ayuda financiera adicional, como la que recibieron Brasil y Uruguay. Sin embargo, el convenio aún no se ha cerrado.

Reproches mutuos

'Los hombres del Fondo sienten que, cada vez que ellos se acercan a un acuerdo, es Argentina la que les cambia las condiciones', declaró Lavagna el martes pasado, mientras arribaba a Buenos Aires una nueva misión del Fondo Monetario Internacional. 'Hay demandas que no estaban en la agenda del Fondo, pero que fueron introducidas a partir de decisiones del Poder Judicial y del Legislativo', añadió el ministro. Sin embargo, el polémico secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Neill, respondió al día siguiente que el plan de Argentina es insostenible.

Hace tres semanas, el Palacio de Hacienda argentino envió a Washington un borrador de una carta de intención para la firma del anhelado pacto, que viene retrasándose desde hace 10 meses. Pero el Congreso sancionó recientemente dos leyes que perjudican a los bancos en beneficio de los numerosos deudores, en una sociedad que arrastra cuatro años de crisis económica.

Una norma suspendió la actualización por inflación de los créditos bancarios y la otra congeló las ejecuciones hipotecarias. Además, el Senado aprobó otros dos proyectos perjudiciales para las entidades financieras: uno de ellos responsabiliza a las casas matrices en la devolución de los depósitos congelados desde diciembre pasado y el segundo crea una comisión sindical, financiada por los bancos, para verificar el retrasado proceso de reestructuración bancaria.

Un artículo de Financial Times denunció, además, que legisladores argentinos pidieron presuntos sobornos a banqueros para abortar esta última iniciativa.

La Cámara de Diputados elabora un proyecto que permita al Congreso autorizar o rechazar los aumentos de las tarifas de servicios públicos, que están negociándose entre el Gobierno y las empresas privatizadas. Además, el Parlamento había prorrogado la posibilidad de pagar impuestos con títulos públicos. Así creció la recaudación tributaria en el pasado mes de agosto el 16,4%, el cuarto incremento consecutivo, pero el 38% de los ingresos provinieron de los bonos devaluados de un Estado en suspensión de pagos. Grandes empresas los compran para destinarlos a saldar sus obligaciones con Hacienda. De ahí que Roberto Lavagna haya acordado esta semana con los legisladores peronistas que se suspenda por dos meses el pago de gravámenes con títulos.

La Corte Suprema de Justicia también complicó al Gobierno de Duhalde. En enero, sus nueve miembros fueron acusados por el presidente argentino de mal desempeño de sus funciones. El desprestigio social de los ministros de la Corte compite con el de la clase política. La Cámara de Diputados había iniciado un proceso de juicio político a los nueve magistrados, pero se dilató ante el temor del Gobierno de que la Corte fallara contra el corralito (congelación de depósitos), lo que restauraría el derecho de propiedad de los ahorradores, pero terminaría de destrozar el sistema financiero.

Los analistas políticos argentinos repiten que Duhalde y los jueces de la Corte negocian el cierre del juicio político a cambio de una sentencia a favor del corralito. Los legisladores de la oposición insisten en juzgar a los magistrados.

La Corte, mientras tanto, declaró la inconstitucionalidad del recorte del 13% en los salarios públicos y las pensiones, que había decidido en julio pasado el entonces presidente Fernando de la Rúa en pos del equilibrio fiscal. Esta decisión supondrá un alza del gasto público de 828,7 millones de dólares anuales. Este incremento dificultaría el objetivo de superávit fiscal del 2,5% del PIB, en un país que este año ha congelado pagos. Para evitar un desajuste en las cuentas, el Gobierno decidió que saldará las deudas con funcionarios y jubilados con nuevos títulos públicos y sólo comenzará a pagar el aumento del 13% en la nómina a partir de enero próximo.

En manos de los magistrados de la Corte se encuentra otro caso que despierta inquietud en el Gobierno. Se trata de la querella de un ahorrador que pide la dolarización de sus depósitos, después de que el Gobierno los convirtiera de divisas a pesos a principios de año.

El director de Relaciones Externas del Fondo Monetario Internacional, Thomas Dawson, definió la situación de Argentina hace unos días: 'Es muy, muy difícil. No hay consenso político sobre cómo avanzar'. Reconoció una mejoría fiscal, pero señaló que falta un programa monetario y una reforma del sistema bancario, en una cuesta por la que sobran las piedras legales.

La encrucijada monetaria

El plan monetario del Gobierno argentino constituye una de las principales preocupaciones de la nueva misión del FMI. Los jueces de primera instancia continúan aceptando recursos de amparo de ciudadanos que piden la restitución de su dinero congelado. Un aumento de la fuga de depósitos desencadenaría una mayor emisión monetaria, pues el Banco Central tendría que asistir a las entidades financieras. Se debilitaría aún más al peso, que se depreció el 72% en el año, y se elevaría la inflación, que asciende al 34%. No obstante, en agosto sólo se escaparon 95,9 millones de dólares, frente a la media de 300 millones de dólares de los meses anteriores, gracias a que el Gobierno suspendió la ejecución de sentencias contra el corralito.

En otro intento por evitar el drenaje de ahorros, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, planea reabrir el canje de depósitos por títulos públicos, que por ahora sólo cosechó la adhesión del 25% de los ahorradores.