Cárcel por insultar al profesor

Según una nueva ley, los ultrajes, denuestos y demás violencias verbales de los alumnos mayores de 13 años podrán ser castigados con hasta seis meses de prisión

Doce millones y medio de alumnos, desde la enseñanza preescolar a la secundaria, volvieron ayer a las aulas en Francia, pero la rentrée lleva esta vez aparejada una nueva amenaza que planea sobre las cabezas de los estudiantes: pueden ser condenados hasta a seis meses de prisión si insultan a un profesor o a un bedel. Y el cumplimiento efectivo de las penas de cárcel será posible incluso en las franjas del sistema educativo que en España equivalen a un tramo de la ESO, dado que la edad en que comienzan a exigirse responsabilidades penales ha sido rebajada a los 13 años, en virtud de una ley aprobada a la carrera este verano.

Conforme al texto legal, ultrajes, denuestos y demás violencias verbales acarrearán sanciones mucho más graves que la exigencia de trabajos sociales a los infractores -tal como ciertas tareas de limpieza- o la expulsión del centro escolar, que era el tipo de medidas que se aplicaba hasta el momento.

El código penal francés prevé pena de seis meses de prisión para el que insulte a una persona depositaria de la autoridad pública, consideración de la que ya gozaban los directores de los centros educativos. Lo nuevo consiste en que la protección represiva se extiende a todos los que trabajan en el sistema educativo francés, actualmente 1,3 millones de personas: de ellos, 870.000 son profesores en la enseñanza no universitaria.

Hecha la ley, salta la polémica y se airean las dudas: los autores de expresiones del tipo '¡hijo de puta!', pongamos por caso, ¿serán reos de días, semanas e incluso meses entre rejas? La nueva norma, parca en casuística, permite ancho margen a la interpretación, al describir, como conductas delictivas, 'palabras, gestos o amenazas, escritos o imágenes' destinados a 'atentar a la dignidad o respeto' de los funcionarios públicos, así como el envío de objetos que tengan la misma finalidad.

Nadie está en este momento muy seguro de cómo aplicarán la normativa los tribunales. Ni de cómo llegarán a probarse judicialmente los hechos incriminados; por ejemplo, en el caso de que una cuadrilla de chicos testimonie que el profesor X miente cuando denuncia al coleguilla Fulano. Lo cierto es que en Francia la violencia escolar existe y que el número de denuncias por agresiones verbales se ha triplicado en tres años.

Hay quien supone que, al amparo de las nuevas normas, las denuncias se multiplicarán en los centros más conflictivos, mientras otros dudan de que profesores y administrativos denuncien a un adolescente por haber pronunciado unas palabras más o menos fuertes, sabiendo que eso podría acarrearle la entrada en prisión.

Los padres de alumnos quedan sujetos a las mismas sanciones, en caso de que ultrajen a un funcionario dentro de un centro escolar.

Georges Dupon-Lahitte, presidente de la Federación de Padres de Estudiantes, está que trina contra una medida que considera demagógica. 'Si un profesor se pronuncia en términos racistas, y un alumno le interpela vivamente por ello, ¿le habrá insultado?', se pregunta este dirigente. Pero en la Francia de hoy cunde el amor a la represión: una reciente encuesta atribuye amplios apoyos a las medidas contra los adolescentes violentos, que han sido promovidas por el Gobierno derechista de Jean-Pierre Raffarin desde su victoria electoral en junio pasado.

Si la protección va a ser, con tales disposiciones, teóricamente mejor frente a alumnos o padres levantiscos, la verdadera preocupación de los sindicatos es la sospecha de que el Gobierno pretende reducir el número de profesores.

La alarma se encendió en vísperas de la vuelta a las aulas, cuando el viceministro de Educación, Xavier Darcos, dijo que el año próximo serán suprimidos '2.000 o 3.000 empleos en el sistema educativo', porque 'no se puede tener menos alumnos y más profesores'. Su jefe, el ministro de de Educación, Luc Ferry, salió al quite de las protestas de los sindicatos de profesores, precisando que las reducciones anunciadas se limitarán a 'puestos administrativos' y que el sistema educativo precisa de discusiones sobre calidad y no sobre cantidades. En cualquier caso, se constata que la vuelta a las aulas en Francia, tras la instalación del Gobierno conservador, se ve perlada de polémicas.