Los comerciantes apoyan el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia
La Confederación del Comercio de Cataluña, que agrupa a 190 organizaciones de pequeños y medianos comerciantes, ha mostrado su apoyo a la creación del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, acordada el martes por el Gobierno de la Generalitat. Miquel Àngel Fraile, secretario general de esta confederación, expresó su convicción de que la labor de este tribunal, el primero de ámbito autonómico que existirá en España, 'puede ser muy beneficiosa', en particular si actúa como es de esperar 'en los asuntos de ámbito local' de los que los tribunales de la competencia de España y de la Comunidad Europea no se ocupan.
Hay muchos aspectos de la actividad económica muy importantes a escala local y comarcal de los que ' Madrid o Bruselas ni se ocupan ni se ocuparán', dijo Fraile, en los que sin embargo 'hay mucho por hacer' en favor de la competencia. Puso como ejemplo que en las comarcas hay muchos casos en los que puede suceder que un solo grupo de supermercados tenga una cuota de mercado del 25% o más, lo que le coloca en una situación dominante.
Libros y funerarias
Actividades comerciales o industriales como la venta de libros escolares, las funerarias, los talleres donde se realizan las inspecciones obligatorias de vehículos (ITV), especificó Fraile, requieren una vigilancia para que exista una competencia efectiva que hasta ahora no se ha dado. Con esta toma de posición, la Confederación del Comercio marcó sus diferencias con los representantes de las grandes empresas y la patronal Fomento del Trabajo Nacional y, que han acogido con recelo la creación de Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia. El director de estudios económicos y fiscales del Fomento del Trabajo, Salvador Guillermo, expresó su temor de que la normativa que emane del nuevo tribunal 'fragmente' el mercado. Y más todavía si la iniciativa del Gobierno de Jordi Pujol es seguida por otras comunidades autónomas. En parecida orientación se pronunció Fernando Casado, director general del Instituto de la Empresa Familiar, la organización formada por las grandes empresas de capital familiar. Casado adelantó que la creación de este tribunal catalán requerirá una 'coordinación' del conjunto de tribunales autonómicos de la competencia que surgirán y se preguntó si a partir de ahora el mercado de referencia será el español o el europeo.
A juicio de Fraile, los recelos de los portavoces de las grandes empresas son fácilmente superables. En la actualidad, dijo, las empresas ya se adaptan a las muchas normativas que diferencian lo que se puede hacer o no, y cómo, según sea en una comunidad autónoma u otra, o incluso entre un municipio u otro. 'En materia de medio ambiente, por ejemplo, la normativa catalana es más restrictiva que otras', apuntó.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- TDC
- Competencia
- VI Legislatura Cataluña
- Organismos judiciales
- Consejerías autonómicas
- Generalitat Cataluña
- Comunidades autónomas
- Parlamentos autonómicos
- Financiación autonómica
- Gobierno autonómico
- Tribunales
- Cataluña
- Política autonómica
- Administración autonómica
- Parlamento
- Poder judicial
- Finanzas públicas
- España
- Finanzas
- Política
- Administración pública
- Comercio
- Justicia