Argentina ofrece al FMI eliminar las restricciones bancarias en 50 días

El Ministerio de Economía y el Banco Central argentinos prevén eliminar el corralito, las restricciones a la retirada de depósitos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, a partir del próximo 30 de septiembre. El plan figura en la carta de intenciones que el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde enviará esta semana al Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el acuerdo que le permita a Argentina volver a obtener financiación del organismo. El Ejecutivo también quiere incluir en el pacto el aplazamiento del pago de su deuda para resta de 2002 y 2003 antes de la Asamblea anual del FMI prevista para mediados de septiembre.

La propuesta hecha al Fondo, anticipada ayer por el diario Clarín de Buenos Aires, prevé que la apertura de las cuentas bancarias que sujetan actualmente 5.600 millones de dólares y evitan la quiebra del sistema financiero sea gradual. En principio permitiría disponer libremente del dinero a los titulares de esas cuentas, pero no a las empresas.

Un portavoz del ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo ayer a EL PAÍS que 'todos tenemos la voluntad y el deseo de solucionar cuanto antes el problema y se discuten muchas ideas, pero no habrá apertura posible si antes no se resuelve definitivamente el tema de los amparos judiciales'. El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, por su parte, negó la existencia de un 'planteo formal' del Gobierno al FMI para liberar los depósitos bancarios atrapados en el impopular corralito. Fernández, no obstante, reconoció que en las negociaciones con el FMI 'hay distintos análisis' sobre cómo poner fin a las restricciones.

Decisión judicial

El Gobierno estaría dispuesto a liberar poco a poco el dinero atrapado en el corralito si logra, antes del 31 de agosto, sellar definitivamente la sangría de fondos que se produce por los recursos de amparos que los jueces conceden a los ahorradores que tienen sus depósitos a largo plazo (entre dos y cinco años) atrapados en el llamado corralón. El ejecutivo necesita una sentencia de la Corte Suprema que legalice el decreto por el que se suspendieron por 120 días la ejecución de las sentencias que ordenan la devolución inmediata de los depósitos.

En el corralón se encuentran retenidos todavía más de 8.000 millones de dólares y el Gobierno teme que el goteo de esos fondos provoque una escalada de la inflación. En el borrador de la carta de intención se sostiene que 'por ahora los instrumentos de política monetaria son incapaces de absorber la gran inyección de liquidez sin amenazar una desestabilizante combinación de inflación, depreciación del dólar y pérdida de reservas. La resolución completa de los amparos es un primer paso esencial en la facilitación de restricciones de los depósitos'.