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Editorial:

Ciencia bajo mínimos

La situación de la política científica en España es tan lamentable que un pacto a largo plazo por la ciencia podría ser ya la única forma de iniciar una nueva etapa y sacar a la investigación española del estancamiento en que se encuentra. El cambio de Gobierno, en el que la ministra Anna Birulés ha devuelto al nuevo titular, su amigo Josep Piqué, el ministerio que éste antes ocupaba -aunque con otro nombre y tras una gestión desafortunada-, ni tranquiliza ni augura un renovado interés por un área básica para asegurar el futuro de cualquier país.

Que poco va a cambiar lo indica el que Piqué ya ha asegurado que se va a cumplir el objetivo fijado por el jefe del Gobierno para esta legislatura de dedicar a Investigación, Desarrollo e Innovación el 2% del producto interior bruto (PIB). Como en los dos primeros sumandos -I+D, los importantes y homologados internacionalmente- sólo se alcanza el 0,9% y no se vislumbra por ningún lado un incremento presupuestario, el resto (nada menos que un 1,1% del PIB) deberá venir, según el nuevo ministro, del nebuloso factor de la innovación, algo que ningún experto cree.

Si además se tiene en cuenta que dentro del citado 0,9% se incluyen importantes partidas destinadas a equipos militares que han superado hace años la fase de investigación y desarrollo, y que la mayor parte del presupuesto de 2001 de Ciencia y Tecnología para financiar proyectos de investigación no se ejecutó, el panorama es poco halagüeño. Ni siquiera la vistosa recuperación de cerebros va por buen camino: Mariano Barbacid ha denunciado una campaña de acoso y Joan Massagué está a punto de tirar la toalla antes de empezar.

El pueril empeño gubernamental en ocultar los verdaderos datos sobre la inversión en ciencia en España, que nos sitúan a la cola de Europa tras seis años de Gobierno del PP, parece basarse en el convencimiento de que el tema no es de suficiente interés electoral como para que vaya a suponer una pérdida de votos. Es posible que la sociedad española no tenga plena conciencia de la importancia de la investigación, pero sus dirigentes, y no sólo los políticos, sí deberían tenerla y apostar por un proceso que permita un marco estable a medio plazo en el que la ciencia funcione sin sobresaltos y con un aumento gradual en su financiación.

Si ese convencimiento no existe, es hora de reconocerlo así y apostar por un país esencialmente de servicios, imbricado en una Europa hacia cuyos miembros científicamente más fuertes se acabarán dirigiendo los españoles interesados. Todo lo demás es palabrerío.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de agosto de 2002