La Generalitat valenciana anuncia que prohibirá ejercer la prostitución en las calles

La Generalitat valenciana, gobernada por el PP, y la Junta de Andalucía (PSOE) anunciaron ayer, un día después de que el Gobierno catalán regulase por decreto los prostíbulos, medidas legislativas propias para ordenar un sector que hasta ahora se movía en la alegalidad. El consejero de Bienestar Social valenciano, Rafael Blasco, afirmó que antes de fin de año tendrá lista una norma que supondrá la prohibición de la prostitución callejera y su absorción en el mercado laboral mediante medidas de inserción social. La Junta de Andalucía, por su parte, se centrará en medidas sociales y sanitarias para sacar de la calle a las prostitutas callejeras y tenerlas bajo control médico. Frente a estas iniciativas, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que el Ejecutivo 'no se plantea nada en este momento' sobre la regulación de la prostitución.

El decreto catalán, pionero en España, establece desde el horario de apertura y cierre de los prostíbulos (de cinco de la tarde a cuatro de la madrugada), a las condiciones higiénico-sanitarias (por ejemplo, el control sanitario de las prostitutas o la disponibilidad de preservativos homologados), pasando por la ubicación de locales (lejos de colegios) o los elementos que deben tener las áreas de servicio sexual (desde bidet a ventilación).

El consejero de Bienestar Social valenciano reconoció que las medidas adoptadas en Cataluña son un 'paso adelante', pero las consideró 'insuficientes por no enfrentarse a la explotación de la mujer. 'El decreto catalán pone el acento en la regulación de la empresa, que es donde menos conflictos existen', señaló Blasco, para quien el mayor problema social radica en la prostitución callejera.

El proyecto del Gobierno valenciano, en líneas generales, se basa en la prohibición expresa de la prostitución en la calle (el tipo de prohibición no fue especificado por Blasco) acompañada de medidas de reinserción. Entre ellas, bonificaciones a las empresas que contraten a prostitutas, capacitación laboral y ayudas para vivienda de forma que la disminución de ingresos por el cambio de trabajo se vea compensada y no provoque el abandono. Blasco también explicó a este periódico que se propone crear un servicio específico de información sanitaria, jurídica, ocupacional y de formación para las prostitutas.

El consejero de Bienestar Social valenciano reclamó una norma estatal que dé carta de naturaleza fiscal a la prostitución para poder activar controles sobre ella. 'Si no se hace, tenemos capacidad autonómica y local para regular', añadió. 'Es una hipocresía social que se ejerza la prostitución en locales que aparecen registrados como otra actividad. La industria del sexo existe y hay que regularla para erradicar las mafias que extorsionan a quienes se prostituyen. Si la actividad se declara se puede actuar fiscalmente sobre la actividad y controlar desde ahí a las mujeres y hombres que se dedican a ello como a cualquier otro trabajador, que tendrá entonces todos los derechos garantizados sin que pueda entrar en escena mafia alguna', concluyó Blasco.

La Junta de Andalucía, por su parte, pondrá en marcha a partir de octubre un programa socio-sanitario destinado a promover la salud y a integrar en el sistema de salud público a aquellas personas que ejerzan la prostitución callejera, independientemente de cuál sea su nacionalidad. Así lo anunció ayer el consejero de Salud, Francisco Vallejo, quien explicó que dicho plan no tiene nada que ver con el decreto aprobado el jueves por la Generalitat. 'Me parece muy bien el decreto, pero nosotros queremos ir más allá. Nos preocupa más la prostitución de las calles que la de los locales, porque implica riesgos mucho mayores. Además, nuestro plan va dirigido a las personas, no a los lugares', dijo.

El programa pretende, a través de ONG y asociaciones provinciales, captar a mujeres que ejerzan la prostitución para informarlas e invitarlas a que vayan a los centros de salud e incluirlas así en la red sanitaria pública andaluza. De este modo, 'se les podrá hacer controles y seguimientos médicos para que conozcan su situación. Se trata de acercar a ellas los servicios; que los conozcan y que se integren en ellos', dijo la directora de Salud Pública, María Antigua Escalera. Promover la salud, disminuir los riesgos de contagios de enfermedades de transmisión sexual y evitar los embarazos no deseados son otros de los objetivos que se marca el plan.

Escalera anunció que a partir de octubre se firmarán protocolos y convenios de trabajo con las administraciones, ONG y asociaciones de cada provincia, con el fin de llevar a cabo un programa de captación y educación sanitaria adecuado a las necesidades de cada realidad territorial.