Garzón confirma el embargo de cuentas bancarias de Batasuna

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón confirmó ayer el embargo preventivo de los saldos de 109 cuentas bancarias y de 75 inmuebles del País Vasco y Navarra, cuya titularidad corresponde a Batasuna, para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 24 millones de euros que le fue impuesta por los daños cometidos por miembros de la organización juvenil Segi con sus jornadas de lucha.

En su resolución, el juez califica de 'actuación fraudulenta' el cambio de denominación del Grupo Parlamentario de Batasuna por el de Bizkaia Araba eta Gipuzkoako Sozialista Abetzaleak (Socialistas Aberzales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) y lo considera una misma entidad de la que hay indicios suficientes de su integración en el complejo terrorista que lidera ETA-KAS-EKIN. De hecho, el juez tiene por parte como 'entidad común y única' a Batasuna-Bizkaia, Araba y Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak y bajo una misma representación letrada.

Explica Garzón que el grupo parlamentario que ahora recurre no puede pretender una titularidad procesal diferente y al margen de aquella que corresponde a la formación en la que se integra y por la que es titular de ingresos.

Para el juez de la Audiencia Nacional, a los efectos del embargo de las cantidades dinerarias asignadas, basta con acreditar la pertenencia a la entidad Batasuna-Bizkaia, Araba eta Guipuzkoako Sozialista Abertzaleak y que el escaño logrado lo ha sido en el seno de ese grupo.

'Es este vínculo el que une indefectiblemente a efectos procesales y de responsabilidad civil la eventual sujeción de las sumas que se perciben y los bienes de que sean titulares', añade Garzón. 'De no hacerse así, se estaría facilitando la propia actuación fraudulenta que presuntamente Batasuna, como entidad jurídica, ha manifestado paladinamente que quería conseguir cambiando la denominación del grupo parlamentario, pretendiendo con ello burlar las normas que se afirman falsamente respetar'.

El instructor ratifica la competencia de su juzgado para investigar los hechos e insiste en que los actos de violencia callejera que se investigan 'fueron diseñados, convocados y ejecutados respectivamente por ETA-KAS-EKIN y Segi, organización juvenil heredera o sucedáneo de Jarrai-Haika, que integra una misma realidad que ha determinado su inclusión en el listado de organizaciones terroristas'.

Garzón rechaza que el embargo de cuentas sea nulo y reafirma que la facultad de ordenar un bloqueo de cuentas, intervenir una cuenta, embargar los saldos, etcétera, siempre dentro del marco de una investigación judicial, corresponde exclusivamente al juez con el alcance que señala la ley.

El juez reitera la declaración de responsabilidad civil solidaria de Batasuna por lo daños causados por las jornadas de lucha de Segi, valorados en 18.227.636,70 euros (unos 3.000 millones de pesetas), más un tercio de esa cantidad, lo que supone un total de 24.303.515,60 euros (3.993 millones de pesetas).

Peticiones de extradición

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que la próxima semana pedirá la extradición de los dos etarras detenidos el jueves en Francia, Marcos Sagarzazu y Francisco Javier Irastorza, por el asesinato del policía nacional Eduardo López Moreno en 1995.

Sagarzazu e Irastorza están acusados de colocar, el 19 de abril de 1995, un artefacto explosivo en un cuartel abandonado de la Guardia Civil en Endalarza (Navarra), que mató al policía Eduardo López Moreno.

Ésta es la única causa por la que ambos están procesados en la Audiencia Nacional, aunque el Ministerio del Interior les atribuye la comisión de tres asesinatos y de numerosos atentados contra entidades públicas y privadas.

La fiscalía ha optado por iniciar cuanto antes los trámites de extradición ya que los dos presuntos terroristas no tienen causas pendientes con la justicia francesa y, por ello, la detención tiene un tiempo limitado de 40 días.