1.200 municipios socialistas recurren ante el Constitucional contra la Ley de Estabilidad

Los socialistas inauguraron ayer en España el instrumento legal que permite a los ayuntamientos recurrir ante el Tribunal Constitucional contra las leyes estatales. Más de 1.200 municipios gobernados por el PSOE han presentado un 'conflicto en defensa de la autonomía local' contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El responsable socialista de política municipal, Álvaro Cuesta, y el alcalde de Lleida, Antoni Siurana, entregaron ayer en el Constitucional los acuerdos plenarios de 1.200 ayuntamientos que piden la retirada de esa ley que les puede axfisiar financieramente.

Tanto Álvaro Cuesta como Antoni Siurana, vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, mostraron ayer su satisfacción porque han conseguido 'saltar' los obstáculos que pone la ley para que los ayuntamientos puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Una reforma de 1999 de la ley del alto tribunal introdujo esta posibilidad siempre y cuando el conflicto fuera planteado por al menos un séptimo de los municipios existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley (en este caso toda España), y representen como mínimo un sexto de la población del ámbito territorial correspondiente. Al final, 1.200 ayuntamientos reunidos en sesión plenaria por iniciativa del PSOE, a lo largo de seis meses, han conseguido aprobar la iniciativa de pronunciarse contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y plantear 'un conflicto en defensa de la autonomía local. En total tres voluminosas cajas que ayer Cuesta y Siurana entregaron en el Tribunal Constitucional con los argumentos contra una de las leyes más defendidas por el Gobierno del PP para asegurar el auge del país a través de la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas.

Cuesta consideró el pasado mes de diciembre que el grave quebranto que la ley de Estabilidad supone para los ayuntamientos por cuanto que 'el déficit cero' también aplicado a los municipios les 'asfixia' económicamente suponía la ocasión adecuada para que éstos se defendieran e inauguraran la vía que les permite ir al Constitucional. La ley exige que, además de recabar la firma de unsexto de los municipios de España, 1.158 y que abarque inexcusablemente a 6.749.965 ciudadanos, se pronuncie el Consejo de Estado, aunque no de manera vinculante. A principios de mes, este órgano ha fallado en contra de la demanda de los ayuntamientos. 'Es lógico, ya que el propio Consejo de Estado se manifestó a favor de la ley cuando la remitió el Gobierno', señala Cuesta para no dar demasiada importancia a este hecho.

La ley es 'lesiva para la autonomía municipal, porque plantea modificaciones restrictivas en la capacidad de autofinanciación municipal, cuando todavía no ha sido posible definir un nuevo modelo de financiación de las Haciendas locales', argumenta el recurso, firmado por bastantes más municipios de los requeridos: 1.200 con una población de 14.300.000 habitantes.

Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Huesca, Cuenca, Girona, Segovia, Lleida, A Coruña y Córdoba, están entre los firmantes.El objetivo de la estabilidad presupuestaria aplicado a los entes locales no sólo los vincula para la elaboración de sus presupuestos, sino que su incumplimiento 'comporta la prohibición de llevar a cabo operaciones de crédito y emisiones de deuda', señala el texto.

Los socialistas ponen el énfasis en la imposibilidad de determinar 'los gastos necesarios para el ejercicio de las competencias conferidas y la satisfacción de los intereses que les son propios'. Si no pueden incurrir en déficit al final de año, tampoco podrán garantizar los servicios que les demandan los ciudadanos, argumentan

Grandes inversores

'Los municipios son los grandes inversores públicos de este país y, además, los ayuntamientos son los más directamente comprometidos en aplicar el principio de cohesión social, sin que tengan garantizado el principio de suficiencia', explica Cuesta. 'Muchos alcaldes españoles entienden que esta ley ataca al núcleo mismo de la autonomía local y a la capacidad de funcionamiento y cumplimiento de las funciones propias y mínimas de los ayuntamientos', argumenta.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria fue, a juicio del PSOE, un nuevo mazazo económico que se añadió a los malos presagios que tienen respecto a la nueva financiación local sobre la que todavía no hay conversaciones con el Gobierno.

El anuncio gubernamental de que se eliminará el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), fuente de financiación importante para las arcas municipales cuenta con el apoyo del PSOE en su enunciado general pero se opondrá al mismo si el Ejecutivo insiste en no precisar como compensará a los municipios por esa merma.