Las operadoras piden ampliar el plazo de las licencias de UMTS

Las compañías de móviles que operan en España van a pedir con el Gobierno la ampliación en varios años del plazo de las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS), fijado en 20 años, debido al retraso de esta tecnología. Responden así al ofrecimiento realizado por Josep Piqué para fijar un nuevo calendario para la puesta en marcha del móvil multimedia, prevista en principio para agosto de 2001. También van a solicitar que no se ejecuten los avales y que se les permita vender las frecuencias.

Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera no han tardado en responder al ofrecimiento que hizo el martes el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, para abrir una negociación de la que salga un calendario más realista para la implantación de la nueva telefonía móvil multimedia, que permitirá la navegación rápida por Internet y la transmisión de imágenes, y que aún no funciona comercialmente en ningún país europeo.

En principio, ese plazo venció en agosto de 2001, pero el Gobierno lo amplió hasta junio de este año por el retraso tecnológico y, en particular, la falta de terminales. No obstante, vencido este segundo plazo, ninguna de las tres compañías que operan en el mercado (Xfera ha congelado su proyecto) prestan servicio comercial de UMTS y tan sólo han realizado pruebas experimentales.

Piqué ha admitido la necesidad de fijar un nuevo plazo, pero las compañías quieren aprovechar esa negociación para incluir otras demandas. La primera es que el tiempo del retraso en la puesta en marcha del UMTS se recupere ampliando la duración de la licencia. También desean que se les permita vender o alquilar el espectro radioeléctrico (las bandas de frecuencias) adjudicado con cada licencia.

Demanda urgente

Sin embargo, la demanda más urgente es que el Gobierno se comprometa a no ejecutar los avales depositados a medida que se vayan incumpliendo los distintos compromisos de inversión y empleo que se incluyeron en las ofertas cuando ganaron el concurso en marzo de 2000 (14.400 millones de euros que están avalados con 2.650 millones), según fuentes de los operadores.

Los operadores también van a poner encima de la mesa la polémica de las antenas. Pese a que se han certificado que las 30.000 antenas existentes en España cumplen sobradamente con la normativa europea de emisiones radioeléctricas y no son nocivas para la salud, los ayuntamientos y las comunidades de vecinos siguen poniendo reparos para su instalación. A Piqué le van a exigir una única normativa que regule esta materia, en lugar de las 440 ordenanzas actuales.

Las compañías han denunciado una caída general de la calidad de las comunicaciones e incluso apagones en muchas poblaciones y, en particular, en las zonas costeras, debido a la falta de cobertura. El problema se agravará porque el UMTS requiere el triple de antenas que el parque actual.