Las operadoras piden al Gobierno que deje de contratar con Telefónica

Las nuevas compañías telefónicas han solicitado al Gobierno que impida a Telefónica obtener contratos públicos. Los operadores alternativos basan su demanda en que la Ley de Contratos Públicos prohíbe contratar con la Administración a las empresas que hayan sido sancionadas por infracciones graves en materia de competencia, y alegan que Telefónica ha recibido ya sanciones del Tribunal de Defensa de la Competencia por más de 18 millones de euros. Varios operadores van a hacer llegar esta alegación al Ministerio de Hacienda de cara a los próximos concursos.

La guerra entre Telefónica y las nuevas compañías que luchan por hacerse con un hueco en el mercado se recrudece. Los operadores alternativos van a iniciar otra batalla contra el antiguo monopolio, esta vez, para impedir que opte a contratos con las distintas Administraciones Públicas.

Varios de estos operadores se han dirigido a distintos organismos administrativos en las últimas semanas para que el Ministerio de Hacienda inicie un procedimiento para prohibir a las administraciones públicas que contraten servicios con Telefónica.

Ley de Contratos

Los operadores justifican esta petición en que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 20 d) prohíbe contratar con la Administración a las empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de 'disciplina de mercado'.

Según los operadores, este artículo es claramente aplicable al Grupo Telefónica, cuyas distintas empresas han recibido hasta la fecha al menos nueve multas del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) por diversos abusos de posición dominante, por un importe total de 17,9 millones de euros (2.979 millones de pesetas).

En su argumentación, alegan que, según el Tribunal Constitucional (sentencias de 1 de julio de 1986 y 22 de julio de 1993), la defensa de la competencia y la de los consumidores y usuarios son manifestaciones de la 'disciplina de mercado'.

Añaden que, según el propio TDC y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el abuso de posición dominante constituye una de las infracciones más graves desde la perspectiva de la defensa de la competencia.

La prohibición legal de contratar requiere declaración formal por el ministro de Hacienda y debe tener un plazo de duración no superior a cinco años. La prohibición reviste carácter general para todas las administraciones y produce la suspensión de las clasificaciones concedidas a las empresas afectadas Además, las adjudicaciones de contratos a favor de éstas son nulas de pleno derecho.

Fuentes de uno de los operadores añadieron que, en este caso, no cabe la disculpa de que las sanciones están recurridas porque, al menos, la multa de 0,12 millones impuesta a Telefónica por resolución del TDC de 27 de julio de 1999 es ya firme. Sin embargo, la petición de los operadores, no tiene visos de resolverse por la vía administrativa y puede acabar en los tribunales. Los servicios jurídicos de distintas instancias administrativas ya les han señalado que tienen dudas sobre si ese artículo se puede aplicar directamente a Telefónica.

Gravedad

Las dudas surgen, en primer lugar, porque las sanciones del TDC no se clasifican por su gravedad. Y, por otro lado, porque se duda que se pueda catalogar dentro de Competencia las sanciones que vulneran la 'disciplina del mercado'.

Si Hacienda no atendiera la petición de los operadores, éstos tendrían que llevar el asunto a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo.

No es ésta la única demanda de los rivales de Telefónica. Éstos han pedido también que se obligue a las administraciones a sacar a concurso los servicios de telecomunicaciones, ahora en manos de Telefónica.

[Por otra parte, la agencia de calificación de riesgos Moody's anunció ayer que ha colocado bajo vigilancia, 'con implicación negativa', los ratings de la deuda a largo y corto plazo de Telefónica por la situación en Brasil y sus repercusiones para la compañía.]