El fiscal pide cárcel para tres cargos del PP por la venta de la funeraria de Madrid

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno y el diputado autonómico Luis María Huete se sentarán el próximo otoño en el banquillo acusados por el fiscal de prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas al adjudicar el 49% de la empresa funeraria municipal por 100 pesetas a la empresa privada Funespaña. La Fiscalía Anticorrupción pide para Viñals, Moreno y Huete penas de seis años de cárcel y 25 de inhabilitación. El juez encargado de la instrucción de este caso, José Luis Quesada, ha preparado ya el escrito en el que solicita la apertura de juicio oral.

Junto a Viñals, concejal de Sanidad de Madrid; Antonio Moreno, responsable del área de Patrimonio, y Luis María Huete, actualmente diputado y primer teniente de alcalde cuando en 1993 se adjudicó por concurso el 49% de la funeraria municipal a la empresa Funespaña, se sentarán también en el banquillo de los acusados los tres beneficiarios de la operación: José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespaña; Ángel Valdivia, consejero delegado de Funespaña, y su hermano Juan Antonio Valdivia, vicepresidente.

José Ignacio Rodrigo fue contratado por Viñals como asesor del Gobierno municipal en el proceso de privatización de la funeraria. Al mismo tiempo, Rodrigo estaba involucrado en la oferta que presentó Funespaña y tenía 'los pertinentes acuerdos con los hermanos Valdivia para participar accionarialmente en la misma tras la adjudicación del contrato', según se recoge en los escritos de conclusiones provisionales presentados por el fiscal Anticorrupción, IU (personado como acusación popular) y PSOE.

Juicio oral

Con base a esas conclusiones, el magistrado José Luis Quesada, ponente de una causa abierta hace nueve años ante los indicios de irregularidades en la venta de la funeraria municipal, ha elaborado ya el escrito en el que solicita a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Madrid la apertura de juicio oral a lo seis imputados en el proceso, según fuentes municipales.

Los tres cargos del PP se enfrentarán a penas de seis años de prisión por tres presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Además de esas penas, los concejales y el diputado regional podrían ser inhabilitados durante 25 años para el ejercicio de cargo público. El fiscal solicita asimismo que los seis imputados abonen solidariamente una fianza de 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas). Esa cifra es el triple de la cantidad supuestamente defraudada más el 20% de los beneficios obtenidos en los nueve años trascurridos desde que se vendió la empresa.

Fuentes del juzgado afirmaron ayer que el escrito de Quesada en el que solicita la apertura de juicio oral coincide con el presentado el pasado jueves por el fiscal. Éste solicita prisión provisional para todos los imputados. A los hermanos Valdivia y a José Ignacio Rodrigo les imputa seis delitos: falsedad en documento público, fraude contable, apropiación indebida, fraude fiscal, manipulación para alterar el precio de las cosas y ser cooperadores necesarios para la prevaricación. Se enfrentan a una pena global de 17 años de cárcel.

Además, en el escrito del fiscal aparece por primera vez en los nueve años que ha durado la instrucción de la causa la petición de que Funespaña devuelva al ayuntamiento su paquete accionarial en la empresa así como los beneficios obtenidos por la gestión de la misma.

El edil de Sanidad, Simón Viñals, ha manifestado su intención de permanecer en el Gobierno municipal hasta que concluya la legislatura a pesar de la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta.

Inés Sabanés, portavoz de IU, pidió al PP que actúe contra los acusados: 'Si los concejales para los que se pide cárcel no dimiten, el PP incumpliría una vez más toda la teoría de que las responsabilidades políticas deben anteceder a las judiciales. El escándalo de la funeraria es el primero que vincula al PP de manera clara con irregularidades en la gestión. El proceso de privatización de la funeraria no fue una actuación particular de tres imputados, sino del PP en su conjunto, y en nueve años no ha tomado ninguna medida a pesar de los informes del Tribunal de Cuentas y del fiscal'.