El juez pide 9 millones de fianza a tres cargos del PP que vendieron la funeraria de Madrid

El juez que instruye el caso Funeraria, la privatización parcial de la empresa del Ayuntamiento de Madrid a un precio de 0,6 euros (100 pesetas), ha requerido en un auto a los concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno, y al ex concejal y ahora diputado regional del PP Luis María Huete, para que junto a otros tres cargos de la empresa privatizada "presten una fianza de nueve millones de euros".

Los tres altos cargos del PP han sido acusados por el fiscal de cometer varios delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, por lo que pide para ellos ocho años de cárcel.

El Gobierno municipal del PP adjudicó en 1992 el 49% de las acciones de la empresa de servicios funerarios, que entonces operaba en régimen de monopolio, a una empresa, Funespaña, que sólo unos meses después pasó a ser controlada por José Ignacio Rodrigo, asesor contratado por el Gobierno municipal en el proceso de privatización de la funeraria.

El caso Funeraria, denuncia desde hace diez años por la oposición municipal (PSOE e IU), es el escándalo más grave que ha salpicado a los equipos de José María Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento de Madrid. En sus 11 años de mandato, Álvarez del Manzano nunca había tenido a concejales de su equipo imputados por delitos graves, como en este caso.