La oposición exige al alcalde que destituya a los dos ediles implicados en el 'caso funeraria'

El caso funeraria entra en su recta final. El Tribunal Superior de Justicia ha pedido al fiscal y a la acusación particular (formada por la oposición municipal, IU y PSOE ) que decidan en cinco días si quieren sentar en el banquillo de los acusados a dos ediles y a un diputado regional del PP, entre otros, por un supuesto delito de prevaricación en la privatización de parte de la funeraria municipal. La oposición solicitará que sean juzgados y además ha exigido al alcalde que destituya a los dos concejales implicados, Simón Viñals, edil de Salud, y Antonio Moreno, de Patrimonio. El tercer alto cargo acusado por la fiscalía es Luis María Huete, diputado regional (y primer teniente de alcalde en 1992).

En un famoso pleno municipal de diciembre de 1992, el equipo de gobierno, del PP, aprobó privatizar la funeraria municipal. En concreto, el Ayuntamiento vendía a la empresa Funespaña el 49% de las acciones por un precio simbólico: 100 pesetas. De este modo se creó la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, con un 51% de acciones del Ayuntamiento y un 49% de Funespaña. El precio de 100 pesetas vino dado porque el PP consideraba que el patrimonio de la funeraria era 'negativo', esto es, arrastraba unas deudas con el Ayuntamiento de Madrid que ascendían a 2.274 millones de pesetas (13.667.000 de euros).

El interventor municipal, encargado de velar por los fondos municipales, ya alertó entonces de que el precio por el que se vendían las acciones no era el adecuado, y que se perjudicaba el patrimonio municipal. El interventor también criticó que Funespaña se hiciera con las acciones sin satisfacer la deuda que la funeraria mantenía entonces con el Ayuntamiento. Cinco años después, Funespaña decidió satisfacer la deuda de 2.274 millones de pesetas a las arcas municipales: se comprometió a hacerlo a lo largo de seis años. La hasta entonces ruinosa gestión de la funeraria municipal se transformó, en cuanto cayó en manos privadas, en un negocio redondo: en pocos años ganó 6.000 millones de pesetas (más de 36 millones de euros). Tras examinar estos hechos, IU denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la, a su juicio, ilegal privatización.

Luis María Huete Morillo, en 1992, era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y coordinó las tareas de privatización de la funeraria; Simón Viñals era en aquel año presidente de la funeraria municipal, y Antonio Moreno, concejal de Patrimonio.

Prevaricación

Éstos son los tres cargos del PP que aparecen en el auto del Tribunal Superior de Justicia, remitido el jueves a las partes. En el texto se señala que los hechos analizados tras la instrucción del caso 'podrían ser constitutivos de un delito' de maquinación para alterar el precio de las cosas y de prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es] 'del que resultan responsables' Viñals, Huete y Moreno.

Distintos empresarios de Funespaña también son supuestos responsables, según el auto del Tribunal Superior, de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda pública.

La oposición municipal exigió ayer al alcalde que destituya a los dos concejales imputados en el caso. Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento, aseguró que las 'diligencias que se están siguiendo prueban que la privatización fue completamente irregular y que se alteró deliberadamente el precio de las acciones, a la baja por supuesto, para beneficiar a una empresa privada, perjudicando de este modo al Ayuntamiento'. 'Es el momento ideal para que el alcalde asuma la responsabilidad política de este asunto y destituya a Viñals y Moreno'.

Ruth Porta, concejal del PSOE, señaló que 'va a ser un espectáculo lamentable ver sentados en el banquillo de los acusados a dos concejales y un diputado en ejercicio'. Y añadió: 'Éste es el primer escándalo de toda una serie de privatizaciones irregulares que ha hecho el PP. Después de este caso, seguro que el resto, como el de las multas de tráfico que gestionaba EDS, van a ir saliendo a la luz'. Porta exigió a Álvarez del Manzano que 'destituya de una vez' a Moreno y Viñals. 'El PP y en especial el alcalde tienen una responsabilidad directa ante los ciudadanos que deben asumir', concluyó.

Las acusaciones y el fiscal disponen de cinco días para expresar su opinión al juez y éste tiene una semana para dictaminar si ordena la apertura de juicio. Si lo hace, es probable que no se celebre antes de septiembre.