El juez pide una fianza de 9 millones para tres cargos del PP por vender la funeraria de Madrid

El caso funeraria (la venta por el Ayuntamiento madrileño del 49% de la empresa de servicios funerarios municipales por 0,60 euros en 1992) ya está servido para juicio. El juez instructor, José Luis Quesada, ha decretado la apertura de juicio oral y una fianza multimillonaria para los implicados. Los tres políticos del PP imputados (el ex primer teniente de alcalde y hoy diputado regional Luis María Huete, y los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno), junto con los tres principales socios de la adjudicataria (Funespaña) deberán aportar nueve millones de euros de fianza bajo amenaza de embargo.

La fianza para los imputados del caso funeraria alcanza 13 millones de euros al sumar los 4,5 millones adicionales impuestos a los principales socios de Funespaña: Juan Ignacio Rodrigo, que fue asesor del Gobierno municipal del PP en el proceso privatizador y su 'máximo beneficiario' según juez y fiscal, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia Gerada. Ambas fianzas pueden acabar en un cajón común: si políticos y accionistas no logran reunir esa cantidad, deberá abonarla Funespaña, declarada responsable civil subsidiaria, junto con las sociedades de Rodrigo (Itcon, Astaldo e Invafi).

La instrucción judicial ha arrojado abundantes indicios que corroboran que el Gobierno municipal del PP malvendió en 1992 la funeraria por 0,60 euros -'gratuitamente', según el fiscal- cuando valía al menos 6,5 millones de euros. Desde que se vendió, ha dado 36 millones de euros de beneficios. Pero el juez no lleva a los ediles del PP a juicio por su torpeza política o negligencia al perjudicar involuntariamente a las arcas municipales. Les sienta en el banquillo porque consintieron o propiciaron 'burdos artificios contables' para disminuir el valor aparente de la empresa municipal. También por desoír las advertencias de los técnicos municipales. Invocaron 'su mala situación económica, a sabiendas de las muy favorables expectativas de la empresa'. Concejales del PP, asesor municipal y los entonces dueños de Funespaña, según la instrucción judicial, tejieron una red de contactos previos al concurso que les permitió 'tantear y prefigurar las condiciones en que cabría asegurar el aparente éxito de la cesión, eliminando en realidad cualquier posibilidad de libre competencia'.

Para entregar la funeraria a 'una empresa de su confianza', los concejales acusados aceptaron 'cualquier perjuicio económico que pudiera derivarse para las arcas del Ayuntamiento, y con evidente desprecio de las garantías y requisitos que la legislación exigía para un proceso privatizador de esa naturaleza en cuanto dicha normativa pudiera suponer un obstáculo para sus intenciones'. A caballo de ambos frentes, municipal y empresarial, la investigación destaca el papel del asesor en la privatización. El sumario explica con cifras por qué Rodrigo es su 'máximo beneficiario': la privatización le ha proporcionado más de diez millones de euros. El juez le define como presunto cerebro de la trama: mantuvo contactos previos al concurso con Funespaña, compró gran número de sus acciones tanto simultáneamente como posteriormente a la privatización y lo ocultó mientras era consejero de la empresa mixta, aportó el dinero para la ampliación de capital, y cobró por la gestión a través de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales. Funespaña, si prospera la petición fiscal, deberá devolver las acciones y sus 'frutos' desde 1992.