Los tres implicados en el 'caso funeraria' piden la baja en el PP ante la presión del partido

Los dos concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Simón Viñals y Antonio Moreno y el diputado regional Luis María Huete, imputados en el caso funeraria -privatización a precio de saldo de la funeraria municipal- han pedido la "suspensión temporal y transitoria de su militancia". Viñals y Moreno han solicitado además ser sustituidos en sus competencias municipales, pero sin perder la condición de concejales.

Esta mañana, el secretario general del PP, Javier Arenas, junto a la dirección regional del partido resolvió pedir a los tres implicados que dejaran sus cargos y que aceptaran la suspensión temporal hasta que saliera la sentencia, según han explicado fuentes de la dirección nacional del partido, sin que este gesto prejuzgara su culpabilidad. El PP negoció con los tres implicados una aceptación voluntaria de esta fórmula, a la que al parecer se han acogido finalmente.

El juez instructor de la causa, que ha exigido una fianza de nueve millones de euros a los tres cargos del PP y a los tres empresarios de Funespaña, la sociedad que se quedó con el 49% de la funeraria municipal, ha ordenado ya la apertura de juicio oral. El fiscal solicita para ellos seis años de cárcel y 25 de inhabilitación por prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.

"Burdos artificios"

Luis María Huete mantendrá su escaño de diputado regional porque es aforado y en caso de dejarlo se retrasaría el juicio. El órgano competente para juzgarlo ya no sería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sino la Audiencia Provincial y el PP desea que el juicio se celebre cuanto antes.

Según el fiscal, Huete, Viñals y Moreno privatizaron la funeraria en 1992, un año después de llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid por 0,6 euros cuando, según el fiscal, valía más de 6,5 millones. Para llevar adelante tan ruinosa operación para el erario municipal propiciaron "burdos artificios contables" para aparentar una "mala situación económica" de la entonces empresa municipal, que operaba como monopolio.

Esta operación, criticada por la oposición desde su origen, estalla días después de que el PP madrileño cerrara su congreso regional con la aclamación de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre como candidatos a la alcaldía de la capital y a la presidencia de la comunidad, respectivamente. El juicio, pues, amenaza con coincidir con la precampaña para las elecciones del próximo 25 de mayo. En el PP admiten las negativas implicaciones del caso en su empeño de revalidar la mayoría absoluta en el ayuntamiento y la comunidad: permite un seguro rédito a la oposición sólo con recordar que el PP esgrimió en 1993 su "código ético" como arma electoral.

Manzano cree en su honradez

El alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, ha confirmado el cese "temporal" de militancia en el PP de Viñals y Moreno a petición propia y ha señalado que confía en su honradez y en la justicia. "Creemos en su total honradez y esperamos que pase pronto este calvario", ha agregado el regidor madrileño.