El PP baraja pedir la dimisión a los tres imputados en el 'caso funeraria'

La dirección del PP está estudiando 'a fondo' las implicaciones de la apertura de juicio oral, con imposición de una millonaria fianza y la petición de penas de cárcel para tres de sus cargos en Madrid, imputados por el caso funeraria. La dirección del PP estudia solicitarles que dejen sus cargos y pidan la suspensión temporal de militancia. Uno de ellos, el diputado regional Luis María Huete, ha puesto su cargo a disposición del partido tras subrayar su inocencia. 'Si es bueno para el partido, estoy encantado con irme', aseguró.

El secretario general del PP, Javier Arenas, reconoció ayer que la dirección nacional, en coordinación con la dirección regional del partido, están 'analizando a fondo' la decisión del juez instructor del caso funeraria, José Luis Quesada, de decretar la apertura de juicio oral contra Luis María Huete, hoy diputado regional del PP y en 1992 primer teniente de alcalde en Madrid; Simón Viñals, concejal de Sanidad madrileño y presidente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios cuando ésta se vendió, y Antonio Moreno, concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

El fiscal pide seis años de prisión y 25 de inhabilitación para cada uno de estos tres cargos del PP madrileño y el juez les ha impuesto una fianza de nueve millones de euros. Serán sometidos a juicio por malvender la funeraria en 1992, un año después de llegar al gobierno del Ayuntamiento de Madrid: la privatizaron por 0,6 euros cuando, según el fiscal, valía más de 6,5 millones. Para llevar adelante tan ruinosa operación para el erario municipal, según el fiscal, propiciaron 'burdos artificios contables' para aparentar una 'mala situación económica' de la entonces empresa municipal, que operaba como monopolio.

Esta operación, criticada por la oposición desde su origen, estalla días después de que el PP madrileño cerrara su congreso regional con la aclamación de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre como candidatos a la alcaldía de la capital y a la presidencia de la comunidad, respectivamente.

El juicio, pues, amenaza con coincidir con la precampaña para las elecciones del próximo 25 de mayo. En el PP admiten las negativas implicaciones del caso en su empeño de revalidar la mayoría absoluta en el ayuntamiento y la comunidad: permite un seguro rédito a la oposición sólo con recordar que el PP esgrimió en 1993 su 'código ético' como arma electoral.

La dirección regional del partido ha barajado todas las posibilidades: desde pedir a los tres que dimitan para evitar que el caso se alargue eternamente, pues no parece que fiscal y juez tengan muchas prisas, o esperar a la sentencia firme. 'El caso está en estudio pero la decisión aún no está cerrada', aseguran en la dirección del PP madrileño. Aunque lo mejor sería que los tres dimitieran y pidieran la suspensión temporal de su militancia, en esta dirección sólo se ha movido Luis María Huete. Éste, tras mostrarse ayer convencido de su inocencia y asegurar que confía en poder demostrarla en el juicio, ha puesto su cargo a disposición del partido. Huete ha subrayado a este diario que nadie le ha presionado para dimitir y que se siente respaldado por su grupo.

El presidente de la Comunidad de Madrid y candidato a la alcaldía, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ayer la presunción de inocencia de los tres imputados y recordó que no están acusados de 'haberse enriquecido sino de falta de diligencia en un proceso de privatización'. Ruiz-Gallardón, que fue responsable de la redacción del Código Ético del PP en 1993, mantiene que ninguno de los tres lo incumple. Ese Código Ético recoge la obligación de 'comunicar a la dirección del partido y poner a su disposición el puesto público que desempeñan si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de delito'.