PSOE e IU piden penas de cárcel para dos ediles y un diputado del PP por el 'caso Funeraria'

IU y PSOE, personados como acusación en el caso Funeraria, solicitan penas de cárcel para José María Huete Morillo, actual diputado regional por el PP, y Simón Viñals y Antonio Moreno, concejales de Sanidad y Patrimonio, respectivamente, en el gobierno municipal. En los escritos presentados el viernes pasado en el Tribunal Superior de Justicia, PSOE e IU consideran que los tres cargos del PP participaron en los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad al vender en 1992 el 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios por 100 pesetas.

La venta de la Empresa de Servicios Funerarios, propiedad municipal, a la sociedad Funespaña se produjo siendo Huete primer teniente de alcalde. Éste abandonó el Ayuntamiento en 1995, tras la polémica del caso Funeraria, incorporándose a la Asamblea regional como diputado. Tanto el PSOE, que actúa como acusación particular, como IU, que lo hace como acusación popular, solicitan para Huete las máximas penas de cárcel. IU pide seis años de prisión al considerarlo partícipe de los presuntos delitos de malversación y falsedad. El PSOE eleva las penas para Huete a un total de 15 años y tres meses de cárcel, al ampliar la acusación con tres figuras delictivas más (prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de influencias).

Ese mismo tipo de delitos fueron cometidos, según el PSOE, por Viñals y Moreno, para los que pide penas idénticas a las de Huete. En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el pasado viernes en el Tribunal Superior, los socialistas reclaman además la apertura de juicio oral y penas de cárcel para otros tres imputados: José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y presidente de Funespaña; Ángel Valdivia, consejero delegado de Funespaña, y Juan Antonio Valdivia, vicepresidente.

Juan Antonio y Ángel Valdivia recibieron supuestamente información privilegiada de Rodrigo, que 'participó activamente como asesor del Ayuntamiento en las reuniones convocadas con las empresas interesadas', según el PSOE. El escrito recoge asimismo que Rodrigo estaba 'involucrado en la oferta de Funespaña, pues tenía los pertinentes acuerdos con los hermanos Valdivia para participar accionarialmente en la misma tras la adjudicación del contrato a Funespaña'.

Antes de la privatización, la auditora Maxwell Espinosa asignó a la Empresa de Servicios Funerarios un valor de 1.400 millones de pesetas 'en el peor de los supuestos', considerando 3.000 millones como el valor más 'razonable'. El Gobierno municipal sacó a concurso el 49% de las acciones -cuando el procedimiento legal adecuado era la subasta-, considerando casi el valor mínimo (1.470 millones). El Ayuntamiento aseguró que la funeraria era ruinosa y adjudicó el 49% de sus acciones a Funespaña por 4.058 millones de pesetas, aunque 'la triste y penosa realidad es que lo que ingresó Funespaña en las arcas municipales fueron 100 pesetas, ya que el resto [a abonar] eran aportaciones [para saldar deudas] a la propia Empresa Mixta de Servicios Funerarios (200 millones)' o bien fue condonado por el Consistorio, según el PSOE. En pocos años, la teóricamente ruinosa funeraria municipal tuvo beneficios millonarios.

La acusación particular pide para Rodrigo y los hermanos Valdivia las mismas penas que para los cargos públicos, así como el pago solidario de 8,8 millones de euros por responsabilidad civil. IU solicita cuatro años de prisión para Ángel Valdivia, tres para José Ignacio Rodrigo y uno para Juan Antonio Valdivia.

Como responsabilidad civil, IU reclama que restituyan la diferencia entre el precio pagado por Funespaña y el valor estimado por el Ayuntamiento por el 49% de las acciones (7,2 millones de euros).