La batalla de la memoria

Junio de 1937. Lo que queda del Ejército Republicano en Euskadi huye con las fuerzas nacionales pisándole los talones. En plena desbandada, los mandos tratan de hacer cumplir una de las últimas consignas antes de entregar el terreno perdido: destruir todas las pruebas que puedan comprometer a quienes, de una manera u otra, han colaborado con la República. La orden se cumple a rajatabla siempre que es posible. Así, miles de documentos procedentes de ayuntamientos, partidos políticos y sindicatos arden o son arrojados al río. Con idéntica diligencia, las tropas del general Mola van requisando todo lo que no ha sido destruido.

Esa imagen fue el inicio de una historia que hoy, 65 años más tarde, todavía no ha concluido. Los documentos abandonados al vencedor fueron ordenados y clasificados según criterios geográficos y trasladados básicamente a Salamanca, donde siguen hoy en día en el Archivo General de la Guerra Civil. La documentación allí almacenada recoge desde actas de reclutamiento y movimientos de reclutas hasta salvoconductos y concesiones para obras públicas, pasando por cartas del lehendakari José Antonio Agirre cuando aún era alcalde de Getxo.

Aquella documentación constituyó parte de la base probatoria utilizada por los tribunales franquistas contra los acusados de colaborar con la República, basándose en la Ley de Responsabilidades Civiles.

Valor histórico

Una de los colectivos que más activamente ha reclamado la devolución de esos documentos es la AGE (la asociación Archivo Guerra Civil y Exilio), promotora también del desenterramiento en curso de soldados republicanos en El Bierzo.

Su representate en Euskadi es Jon Irazábal, estudioso de la Guerra Civil y autor de un libro sobre el bombardeo de Durango (Durango, 31 de marzo). Para esta asociación, la principal razón para devolver estos documentos a Euskadi es la reparación moral que ello supondría para sus antiguos dueños. 'Esos documentos se pueden consultar hoy en día en el Archivo de Salamanca', apunta Irazábal. 'Desde ese punto de vista, no van a cambiar la historia, pero tienen un gran valor emotivo, es más una necesidad moral que de utilidad para los historiadores'. 'Se trata más de una reparación histórica, ya que ese archivo [el de Salamanca] es especialmente odidado por muchos exiliados, ya que en él se encuentran las pruebas que se utilizaron en su propia persecución', apostilla.

Un análisis detallado de los papeles depositados en Salamanca puede ofrecer datos interesantes sobre la actividad de los partidos políticos y sindicatos vascos durante la II República y la guerra civil, pero también información muy valiosa sobre cómo era la vida cotidiana en la retaguardia, reflejada en documentos como licencias de apertura de negocios o actas de defunciones.

En ese sentido, desde un punto de vista histórico, la AGE considera fundamental recopilar los testimonios de todas aquellas personas que tuvieron algún protagonismo en el bando perdedor, algo imprescindible para reconstruir la historia de aquella época. 'Si no lo hacemos ya, dentro de pocos años todos estarán muertos', dice Irazábal. 'Con el tiempo, estamos perdiendo la batalla de la memoria', concluye.