La Generalitat deja en manos de consorcios y empresas privadas uno de cada cinco ambulatorios

La reforma de la atención primaria, que culminará el próximo año, comportará que entre el 20% y el 22% de los 306 ambulatorios catalanes dejen de estar gestionados por la Generalitat y pasen a depender de consorcios y empresas privadas. Esta nueva forma de gestión, prevista en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, afecta a 51 centros de atención primaria y ya ha despertado suspicacias entre los sindicatos, que denuncian 'un intento de privatizar la sanidad pública' y alertan sobre los problemas que esta nueva forma de gestión puede acarrear a usuarios y trabajadores.

Desde que en 1992 la Generalitat promovió la puesta en marcha de un ambulatorio gestionado por el mismo equipo médico que lo atendía en L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), el Gobierno catalán ha firmado convenios con ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y empresas integradas por personal médico que se han materializado en una nueva forma de gestión de los ambulatorios. Los centros siguen estando controlados por el Servicio Catalán de la Salud (SCS), pero su gestión diaria depende de empresas semiprivadas que velan por la atención a los usuarios con criterios empresariales. Hasta ahora, el sistema ha sido útil para aumentar la satisfacción de los clientes. Al menos así lo aseguran los responsables de la Generalitat. Sin embargo, el descontento de los profesionales médicos y de administración ha ido creciendo a medida que el nuevo sistema se iba implantando en el territorio. Las críticas más duras contra este modelo de gestión de los ambulatorios proceden del sindicato de enfermería SATSE. Según esta formación, la cesión de la gestión a entidades ajenas al Instituto Catalán de la Salud (ICS) 'encubre un progresivo proceso de privatización de la sanidad pública catalana'. El SATSE reprocha especialmente que la Generalitat aproveche esta fórmula de gestión para 'sustituir contratos estatutarios por contratos laborales sujetos a condiciones más precarias'. Según Domènec Alacid, la 'regresión' de las condiciones laborales puede comportar una merma en la calidad de los servicios que prestan estos ambulatorios.

También el Sindicato de Médicos de Cataluña (SMC) advierte de que los ambulatorios gestionados por entidades 'seudoprivadas' pueden caer en la tentación de reducir una de las partidas más cuantiosas de su presupuesto (la de personal) sustituyendo contratos estatutarios por laborales. 'Si los trabajadores están en una situación de mayor precariedad, es evidente que esto puede repercutir negativamente en la calidad del servicio', apunta Patricio Martínez, secretario general del Sindicato de Médicos de Cataluña.

Pese a estas críticas, este sindicato ve la cesión de la gestión de ambulatorios a entidades ajenas al ICS con sentimientos enfrentados. 'Nuestro sindicato ha apoyado la reforma de la primaria y valora que los médicos puedan gestionar los centros donde trabajan', afirma Lluís Masferrer. Sin embargo, Masferrer lamenta las razones que han llevado la sanidad pública a esta encrucijada: 'La gestión del Instituto Catalán de la Salud es tan nefasta que los médicos se ganan mejor la vida si gestionan los ambulatorios por sí mismos'. Críticas aparte, los médicos de estos centros pueden ver incrementados sus ingresos gracias a los incentivos de productividad que se han establecido. A más pacientes inscritos, más recursos y mayores salarios.

'Una mejora'

Concepció Violan, jefa de la División de Atención Primaria del Servicio Catalán de la Salud, considera infundados los temores de la privatización. 'Las formas de gestión que se están impulsadas están previstas en la Ley de Ordenación Sanitaria y son perfectamente compatibles con la mejora del servicio público de sanidad, ya que la Generalitat forma parte de la mayoría de los consorcios que se han creado para gestionar estos centros de atención primaria'. Con respecto al control de calidad, Violan asegura que la Generalitat 'inspecciona con los mismos criterios todos los centros, dependan de quien dependan'. Pero ¿qué pasa con las plantillas de los centros reformados o privatizados, como los llaman los sindicatos? 'Como cualquier empresa, estos centros tienen libertad para establecer incentivos y condiciones para sus trabajadores'.

Pero algunos se cuestionan si esta carrera por la productividad, tan en boga en las empresas privadas, puede comportar problemas cuando se aplica a la salud pública. El sindicato CC OO ha lamentado especialmente la decisión de poner en manos de un consorcio privado dos ambulatorios de L'Hospitalet de Llobregat, ya que considera que 'no había ningún motivo para cambiar la forma de gestión' que se les había prometido en un principio.