El Congreso trata de frenar el programa de espías civiles diseñado por Bush

La propuesta de convertir a millones de trabajadores, desde carteros hasta electricistas, en confidentes del Gobierno ha encontrado tantos detractores en el Congreso como para empezar a pensar que nunca llegará a ponerse en marcha. El fiscal general, John Ashcroft, dio garantías de que las informaciones de los confidentes no entrarían en las bases de datos de los servicios de espionaje, pero los congresistas no parecen convencidos sobre la legalidad de un plan que puede convertir en sospechoso a cualquiera. El proyecto puede quedar bloqueado en el Capitolio.

La Operación TIPS (sistema de prevención e información contra el terrorismo , también traducido como Operación Soplos) se ha convertido en la perfecta demostración de que la política crea extraños compañeros: en la Cámara de Representantes son los republicanos los que se oponen, mientras en el Senado son los demócratas quienes ponen el grito en el cielo.

Tal es el nivel de oposición, que el sistema puede no llegar a ponerse nunca en marcha: algunos prometen negarse a incluirlo en la legislación de seguridad nacional que pretende crear también un superministerio. John Ashcroft, el fiscal general, criticado por sus posturas ultraconservadoras y sus medidas en contra de las libertades civiles, trató de convencer a los políticos del Capitolio de que su Operación TIPS no es un atentado contra los derechos individuales ni contra el derecho a la intimidad.

A juzgar por los comentarios durante su comparecencia, no lo consiguió. Según Ashcroft, el plan se puso en marcha no tanto por iniciativa propia, sino por la presión de colectivos laborales que supuestamente se quejaban al Departamento de Justicia de la falta de un cauce oficial para comunicar a las fuerzas de seguridad las actividades que los trabajadores considerasen sospechosas. Esta explicación es poco coherente con el hecho de que el servicio de Correos se haya negado a participar en la creación de esta red de confidentes.

Según Ashcroft, el Departamento de Justicia diseñó una estrategia tan sencilla como proporcionar un número de teléfono a millones de trabajadores de EE UU; cada vez que vieran algo extraño en el ejercicio de su trabajo podrían marcar el número para comunicarlo a los servicios de seguridad. La primera crítica partía de un hecho evidente: aquellos trabajadores que comunicaran algo supuestamente sospechoso cuando realicen trabajos en el interior de una casa estarían en realidad realizando un registro ilegal a instancias del Gobierno. De manera discreta, el Departamento de Justicia cambió la información en sus páginas de Internet para aclarar que la operación pretende reforzar la vigilancia en zonas públicas.

En su visita al Capitolio, Ashcroft trató de defender el plan con el argumento de que cualquiera puede dar una pista clave en las investigaciones antiterroristas, lo cual no deja de ser un reconocimiento de las deficiencias de sus propias agencias de investigación. Ashcroft aseguró que el testimonio de la gente corriente es valioso porque hacen su trabajo entre el público. Pueden detectar anomalías, cosas que son diferentes, cosas que son poco habituales.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Dick Armey, le espetó: 'No admitiremos que el Gobierno pretenda que los ciudadanos se espíen unos a otros'. En el Senado, los conservadores parecían más afectuosos con el fiscal general, pero la mayoría demócrata fue rotunda con él: 'Millones de civiles se convertirían en informantes del Departamento de Justicia. Tenemos que estar vigilantes, pero no queremos ser vigilantes', le dijo el senador Patrick Leahy.

Para defender su propuesta, Ashcroft insistió en que había recomendado que las informaciones facilitadas por los confidentes civiles no entrasen en ninguna base de datos permanente. El hecho de que esto sea una mera recomendación sólo sirvió para enardecer aún más a varios congresistas, especialmente al republicano Bob Barr, que arremetió contra este sistema de chivatos con una intervención iracunda: 'Un programa oficial, organizado, pagado y mantenido por nuestro Gobierno federal, para reclutar estadounidenses y que espíen a sus conciudadanos huele al mismo tipo de Gobierno fascista o comunista contra el que hemos luchado en muchos países en décadas del pasado'.