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EE UU diseña un plan para que millones de civiles sean confidentes del Gobierno

Alarma de los grupos de derechos cívicos ante el proyecto del Departamento de Justicia

Carteros, electricistas, camioneros o albañiles pueden convertirse en informadores del Gobierno de EE UU si el Departamento de Justicia insiste en poner en marcha la Operación TIPS que quiere, en principio, dar a un millón de trabajadores un número de teléfono para comunicar comportamientos que consideren sospechosos. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles consideran que esta propuesta es un ultraje contra la intimidad del individuo: que un fontanero informe al Gobierno sobre algo supuestamente sospechoso es, en la práctica, un registro domiciliario sin permiso judicial.

Si no hay impedimentos, el plan puede entrar en vigor en agosto. El nombre de la operación esconde su doctrina: TIPS se corresponde con 'Sistema de Prevención e Información contra el Terrorismo', pero en inglés tip también se traduce como 'soplo'. Eso es lo que mejor describe el proyecto: el Gobierno de EE UU quiere convertir a millones de trabajadores en confidentes de las fuerzas de seguridad.

El plan estaba escondido en una de las propuestas que George W. Bush mencionó en el discurso sobre el estado de la Unión del pasado mes de enero. Una página de información oficial en Internet describe el programa como 'un sistema nacional para informar sobre actividad sospechosa y potencialmente relacionada al terrorismo. En el programa participarán millones de trabajadores estadounidenses que, en el curso de su trabajo diario, se encuentran en una posición única que les permite ver actividades sospechosas en lugares públicos', dice textualmente.

Sin embargo, muchos de los trabajadores que pueden llegar a participar en esta labor de información confidencial desarrollan su trabajo en el interior de los domicilios privados. Según los detractores, eso convierte el plan en un manual de invasión de la privacidad que permite registrar domicilios ilegalmente y de manera impune.

Cualquier ciudadano de EE UU tiene desde siempre la opción lógica de llamar a la policía si detecta algo extremadamente sospechoso. La diferencia con este plan es que el Gobierno instaría a los trabajadores a comportarse activamente como informantes de las fuerzas de seguridad. De ese modo, los trabajadores estarán, en la práctica, 'registrando un domicilio privado sin permiso judicial', dice la ACLU, el principal organismo de defensa de los derechos civiles. 'Aparentemente, quieren poner en marcha un plan que convierte en fisgones gubernamentales a los antenistas, los empleados del gas o los electricistas', aseguró la abogada Rachel King.

Cualquier sospecha

Está previsto que la Operación TIPS comience el 10 de agosto. En principio, un millón de trabajadores repartidos por 10 ciudades tendrán un teléfono gratuito al que llamar para contar cualquier cosa que a ellos les parezca sospechosa. Según la Casa Blanca, los trabajadores están 'en una posición privilegiada para detectar hechos extraños'. La información que faciliten pasará a los ordenadores de los servicios de inteligencia para analizar posibles conexiones.

Otro colectivo que puede convertir a sus trabajadores en vigilantes del Gobierno es el de carteros y mensajeros. El Servicio Postal emitió un comunicado en el que insistía que no hay ningún acuerdo firmado y que sólo se han mantenido conversaciones preliminares con el Departamento de Justicia. Barbara Comstock, portavoz de ese departamento, insistió también en que el programa será voluntario y en que 'nunca ha sido nuestra intención' entrar subrepticiamente a los domicilios privados.

En uno de sus editoriales, el diario The Washington Post lamentó que los estadounidenses puedan llegar a estar sometidos al escrutinio de las fuerzas de seguridad 'sólo porque instalen una televisión, reciban correo o tengan contadores de gas. La policía no puede entrar en las casas de la gente sin permiso del dueño o una orden judicial. No pueden emplear a trabajadores para labores de vigilancia que la misma policía no puede hacer sin salirse de la legalidad'.

El Congreso de EE UU, por otra parte, divulgó ayer un informe en el que enumera los fallos de las agencias de seguridad antes de los ataques de septiembre, informa la BBC. El documento cita los lapsus, la pobreza de la comunicación, las escasas fuentes y el fracaso de la CIA en seguir las instrucciones del Congreso. El informe fue divulgado por la comisión de la Cámara de Representantes y del Senado que ha investigado la actuación de CIA y FBI a puerta cerrada en las últimas semanas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de julio de 2002