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COLUMNA

De nuevo Salamanca

Nombrado por la ministra Alborch, fui vocal de la Junta de Archivos hasta ser cesado, con otros historiadores como Javier Tusell y Santos Juliá, a principios del pasado año. La batalla en torno al archivo de la Guerra Civil en Salamanca ocupó los primeros meses de nuestra actividad ante la hipersensibilización registrada sobre el tema por las reivindicaciones catalanas tendentes a lograr una devolución de fondos. Tuve ocasión de comprobar dicha tensión al asistir en la primavera de 1976 a una reunión de archiveros catalanes en Lleida. Era para ellos una cuestión de honor nacional.

Siendo ministra Esperanza Aguirre, la Junta pareció haber encontrado la cuadratura del círculo, conjugando las ideas de Tusell (crear en Salamanca un auténtico archivo de la guerra) con las mías (servirse de la fórmula utilizada para los préstamos indefinidos por el Museo del Prado para transferir los fondos de la Generalitat a Cataluña sin que quebrara el principio de unidad de archivo). Además, la Generalitat forma parte del Estado español y era la única institución del actual estado de las autonomías que existía el 18 de julio de 1936. De este modo se evitaba un precedente que hiciera de la devolución a Cataluña el primer paso para una serie de reivindicaciones en cascada de instituciones y de particulares que acabaría desmantelando un archivo sumamente valioso.

'Con la fórmula de los préstamos indefinidos no se quebraba el principio de unidad'

La tempestad cedió, pero las administraciones del PP no hicieron nada durante años y ahora el asunto ha vuelto a pudrirse. A fines del 2000, en mi última intervención ante la Junta propuse que en la Comisión bilateral con historiadores catalanes para resolver técnicamente el tema, figurase Tusell, aún vocal, por su especialización en la Guerra Civil. El subsecretario argumentó que había elegido 'dos historiadores de confianza', los profesores Dardé y Morales, cuya competencia en el tema no era sin duda comparable a la de los expertos catalanes Culla y De Riquer.

Desconocemos las peripecias de lo sucedido -la subdirectora de archivos me acaba de negar el acceso que solicité a los informes, sin ponerse siquiera al teléfono-, pero las noticias sueltas parecen mostrar que el desacuerdo ha sido profundo, al reivindicar los historiadores catalanes, de ser ciertas las crónicas de prensa, no sólo los documentos incautados a la Generalitat, sino a cualquier otra organización catalana antes y después del 36. Esta actitud respondería a una argumentación ya expresada por De Riquer y otros historiadores catalanes en 1976: el archivo de Salamanca era fruto de un expolio hecho a Cataluña por el franquismo. Por otra parte, a su juicio, el archivo de Salamanca tendría como única base de unidad la requisa efectuada para la represión por las tropas de Franco, criterio 'grotesco'.

El hecho es que por muy atípico y antidemocrático que sea en su origen, el archivo de Salamanca constituye un fondo de documentos de excepcional importancia para el estudio de la Guerra Civil y de la República y, en consecuencia, resultaría penoso destruir por razones ideológicas una realidad tan positiva. Una devolución general a Cataluña sería el principio del fín. Otra cosa es que se intente cerrar el debate, fundándose en el desacuerdo de los comisionados, sin devolver lo que en derecho y en justicia, con gran importancia simbólica, debiera estar físicamente en el archivo de la Generalitat. Unas actas de la CNT catalana de 1923 están perfectamente al lado de los documentos de la Federación Socialista Madrileña. No sucede lo mismo con una correspondencia enviada a Tarradellas o con documentos políticos y administrativos de la Generalitat. Devolver todo sería un desastre, cerrar ahora la puerta a toda devolución puede sólo servir para encender un estúpido conflicto de pasiones. Lo lógico hubiera sido, ante los dictámenes contrapuestos, abrir una campaña de información sobre los mismos entre especialistas y, sobre todo como se hizo inicialmente en 1976-77, buscar una solución que conjugara en lo posible las aspiraciones contrapuestas, evitando un victimismo justificado en Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de julio de 2002