Israel reabre la universidad palestina de Jerusalén ante la presión de EE UU y la UE

El ministro israelí de Seguridad Interior, el ultraderechista Uzi Landau, ordenó ayer la reapertura de la Universidad Al Quods en Jerusalén, clausurada hace dos semanas con la excusa de que era un centro de agitación en favor de la causa palestina y una amenaza a la unidad de Jerusalén bajo bandera israelí. Landau extendió la orden de reapertura tras una campaña internacional encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea contra su clausura y en apoyo del rector del centro, Sari Nussseibeh, uno de los políticos nacionalistas palestinos más lucidos y moderados.

Como condición previa a la reapertura, el rector tuvo que firmar una carta en la que se compromete a que la Universidad no será utilizada como centro de agitación política y que no ejercerá desde estas oficinas sus funciones de delegado en Jerusalén de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

La reapertura de este centro universitario permitirá a los 5.000 estudiantes palestinos volver a las clases y finalizar los exámenes de fin de curso, que quedaron cancelados por el cierre de las dependencias administrativas. Pero, sobre todo, la reapertura supone una señal clara de distensión por parte del Gobierno del primer ministro Ariel Sharon, en un momento delicado en el que israelíes y palestinos se cruzan gestos de buena voluntad.

En esta misma línea de distensión parece haber entrado en vía muerta el proceso de deportación de los 21 padres y hermanos de los últimos suicidas palestinos, sobre los que gravitaba una orden de exilio por tiempo indefinido a Gaza. El bloqueo de esta decisión, al igual que la reapertura de la Universidad, parece ser asimismo el resultado de las presiones que contra esta medida han estado efectuando Estados Unidos y la Unión Europea.

La abogada israelí Lea Tsemel, que hace tres días presentó un recurso ante el Supremo en nombre de los 21 detenidos, retiró ayer por la mañana la demanda, después de que el Tribunal le diera garantías verbales de que los traslados a Gaza le serían notificados con una antelación de 12 horas, lo que le permitiría recurrirlos ante los tribunales.

Funcionario detenido

Por su parte, el presidente Yasir Arafat hacía ayer arrestar temporalmente al funcionario responsable de las oficinas de impuestos y de las tasas fronterizas de la Autoridad Palestina, al que se ha abierto un procedimiento judicial por supuesta corrupción.

La apertura de la causa contra este alto funcionario supone asimismo otro gesto de distensión, después de que los israelíes anunciaran la entrega de 450 millones de dólares que, en concepto de impuestos, estaban congelados desde el inicio de la Intifada.

Por su parte, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, ordenó ayer a la policía que comience a expulsar del país, a partir de hoy, a 50.000 trabajadores inmigrantes clandestinos, según informa France Presse. La orden, transmitida al jefe de la policía, Shlomo Aharonsishki, fue emitida tras conocerse las conclusiones de un informe sobre el aumento del número de inmigrantes ilegales en Israel, que coincide con un momento de recesión económica. El desempleo alcanza actualmente al 10,6% de la población activa en Israel. El número total de inmigrantes clandestinos en el país oscila entre 150.000 y 200.000, la mayoría originarios de Europa del Este, África y Asia.