La trampa de la especulación

De entre las políticas económicas y sociales desarrolladas por los gobiernos de José María Aznar desde 1996, la de vivienda es la que constituye un fracaso más claro. Otras, como la energética, la de liberalización de mercados o la del mercado de trabajo, presentan matices que permiten al Gobierno y al PP defender mejoras esporádicas; en la política de vivienda no es posible encontrar aspectos defendibles, por triviales que sean.

La especulación se ha convertido en el mecanismo dominante en la formación de precios, hasta el punto de que el coste del metro cuadrado para los ciudadanos se ha encarecido en más del 50% en los últimos seis años; las viviendas protegidas han desaparecido del mapa, porque las escasas que se construyen también han entrado en el circuito maldito de la especulación; los ciudadanos se ven obligados a destinar porcentajes crecientes de su renta para pagar las hipotecas que suscriben -el 30% de sus ingresos anuales durante 20 años como media, según las últimas cifras conocidas- y la vivienda de alquiler brilla por su ausencia. Todos estos factores, más la indiferencia de la Administración -el ministro Álvarez Cascos llegó a decir que la subida de la vivienda estaba relacionada con el aumento de la riqueza de los españoles- están configurando un profundo malestar entre los ciudadanos con rentas medias y bajas.

¿Cómo se ha llegado a este malestar social? Una razón importante, casi decisiva, es el fracaso de los intentos de liberalización del suelo. Como en otras áreas económicas, el Gobierno ha trabajado muy superficialmente en ésta, creyendo que bastaba con enunciar el propósito de liberar el suelo para que todos los agentes implicados, desde los ayuntamientos hasta los promotores, entregaran graciosamente las parcelas. Pero ha sucedido justamente lo contrario. Los municipios se resisten a liberar el terreno que constituye una parte importante de sus ingresos, y los promotores se lanzaron a especular con los escasos metros cuadrados que se ponían en el mercado cada año.

Si la liberalización de suelo ha sido un fracaso, la política de vivienda de protección oficial (VPO) es hasta ahora un fiasco. El Ministerio de Fomento no ha encontrado la fórmula adecuada para que los promotores y constructores encuentren rentable la construcción de viviendas con precios limitados. El resultado es que los primeros se han desentendido de las VPO y el departamento de Fomento, que no está interesado en corregir la falta de viviendas sociales, prefiere mantener a toda presión la construcción de las libres, que generan beneficios exorbitantes para las empresas del sector. La tupida red de comisiones y astillas que genera el negocio de la construcción ha debido facilitar también la amnesia general hacia las VPO.

Pueden mencionarse otras fuerzas que están contribuyendo a la desmesurada expansión de la burbuja inmobiliaria, como la implantación del euro, que obligó a aflorar cantidades importantes de dinero negro, y el agotamiento de la renta variable, que ha desviado sumas importantes hacia la vivienda. La resultante de estos elementos conjurados es que los españoles no pueden enfrentarse a un encarecimiento exponencial de los precios con rentas que crecen sistemáticamente por debajo de la inflación real y la prevista. Y que el conjunto de la economía corre el riesgo de sufrir un colapso si se desinfla la sobrevaloración del mercado.

No estamos únicamente ante un caso de supuesta negligencia por omisión en la tarea de regular un mercado vital para los ciudadanos, sino también ante un ejercicio de irresponsabilidad en la política económica global.