EE UU amplía la inmunidad para sus militares en España
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Tres meses y una semana es mucho tiempo para remitir a las Cortes un tratado firmado a bombo y platillo, incluso contando con el preceptivo informe del Consejo de Estado. Por eso, miembros del PSOE interpretaron que el Gobierno demoraba su tramitación hasta lograr un acuerdo con los 1.200 españoles que trabajan para las Fuerzas Armadas de EE UU en la base de Rota (Cádiz), eliminando así el principal elemento de discordia.
Tampoco había ninguna urgencia en aprobar el convenio, ya que el actual no ha sido denunciado y seguirá en vigor, al menos, hasta mayo del año próximo.
Sin embargo, el Gobierno decidió el pasado viernes remitir al Congreso el tratado, que se presenta como un protocolo de enmienda al firmado en diciembre de 1988. Aunque sigue sin resolverse el conflicto laboral de Rota.
La noticia pasó desapercibida el viernes, dentro de la extensa relación de acuerdos del Consejo de Ministros, en la que no se le daba mayor relevancia. Sí la tuvo el 10 de abril pasado, cuando el entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, lo firmaron en La Moncloa, en presencia del presidente José María Aznar y del ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa.
Desde entonces se han producido hechos relevantes, como la oposición abierta de EE UU a la Corte Penal Internacional contra los crímenes de genocidio, a la que se ha adherido España.
El nuevo convenio contiene una claúsula de garantía para Washington, pues amplía su estatuto a los 'militares, civiles y personas dependientes' que estén en España 'en relación con sus deberes oficiales'. Ampara así no sólo al personal de las bases de Rota y Morón, sino también a los destinados en el mando de la OTAN en Retamares (Madrid) o en el futuro cuartel de Alta Disponibilidad de Valencia.
Entre sus prerrogativas, está la de quedar bajo custodia de las fuerzas militares estadounidenses, y no ingresar en la cárcel, cuando un juez dicte prisión preventiva contra ellos.
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