La especulación al poder

Durante el debate del estado de la nación, Aznar no dedicó un segundo a analizar la evolución del mercado inmobiliario. Tampoco incluyó ningún comentario sobre las actuaciones del Gobierno -Plan de Vivienda, incentivos previstos para la vivienda en alquiler en la reforma del IRPF-, ni anunció compromiso alguno. A la vista de que tampoco ha cesado al ministro de Fomento, cabe deducir que, según Aznar, la especulación inmobiliaria es algo saludable y no hay ningún problema en materia de vivienda sobre el que el Gobierno deba preocuparse ni ocuparse.

Sin duda, no existe problema -todo lo contrario- para los beneficiarios del espectacular aumento del precio de la vivienda: en concreto, los propietarios de suelo, para los que las medidas supuestamente liberalizadoras promovidas por el PP desde 1996 se han traducido en ingentes incrementos del valor de mercado de sus patrimonios. Se ha puesto ya en evidencia la falacia de la tesis del PP, según la cual cuanto más suelo se califique como urbanizable, más barato será el suelo, y, en consecuencia, la vivienda. El mejor ejemplo es la Comunidad de Madrid: Ruiz-Gallardón ha estimulado planes urbanísticos que suponen, hoy, una oferta de suelo urbanizable equivalente a más de 800.000 viviendas; y con ello ha contribuido al mayor incremento del precio del suelo y de la vivienda registrado en España, así como a la demostración práctica de que un incremento de oferta no garantiza en absoluto una reducción del precio.

Aznar se equivoca al no preocuparse por el mercado inmobiliario. El retraso en la emancipación de nuestros jóvenes -inducido por la carestía de la vivienda y por la precariedad de sus condiciones laborales- constituye un gravísimo problema social que requiere actuaciones urgentes. En segundo lugar, los analistas comienzan a temer los efectos negativos -para las familias, los bancos y muchas empresas del sector- de un cambio de tendencia en la evolución de los precios inmobiliarios que parece anticiparse en la desaceleración en el número de tasaciones y procesos más lentos de subrogación, y empieza a traducirse en un menor incremento de los precios de la vivienda.

El probable estallido de la burbuja inmobiliaria responde a la gradual desaparición de algunos factores: se ha frenado la carrera a la baja de los tipos de interés hipotecarios, e incluso se ha producido un repunte; la masiva colocación en el mercado inmobiliario de dinero negro en pesetas ha culminado y han empeorado los principales indicadores económicos.

No obstante, sigue vivo otro factor que está manteniendo la burbuja inmobiliaria: la catastrófica evolución de los valores bursátiles sigue provocando una notable preferencia por la colocación del ahorro en inmuebles. Ello, unido al mantenimiento de tipos de interés bajos, contrarresta, en parte, los elementos de freno al crecimiento de los precios ya comentados, y acentúa los efectos negativos de un crecimiento económico basado principalmente en la construcción, mientras que el resto de los sectores productivos reduce su competitividad y no se aplican suficientes recursos, ni públicos ni privados, a I+D y a innovación. Al ritmo de los últimos cuatro años - 500.000 viviendas iniciadas frente a tan sólo 300.000 hogares netos al año-, España corre el riesgo de convertirse en un país bastante edificado..., pero cada vez menos tecnificado.

Las familias españolas han alcanzado un nivel de endeudamiento del 77% de su renta bruta disponible, y los créditos para adquisición de vivienda suponen un 40% de dicho agregado, según el último informe del Banco de España. Si aumentase un punto el tipo de interés de los créditos hipotecarios se agravaría la dificultad económica, ya evidente, de las familias para llegar a fin de mes. Por supuesto, la situación sería más grave si se diera una disminución en términos reales de los precios de la vivienda, dado su carácter de garantía real de los créditos hipotecarios. Vale la pena recordar, por ejemplo, que en el periodo 1992-95 se registró una reducción en términos reales del 15%, y en términos nominales, del 1,7%. Ello supuso tensiones importantes tanto para las familias como, sobre todo, para las empresas del sector que habían adquirido suelo o inmuebles a precios muy elevados.

La burbuja inmobiliaria presenta características muy diferentes a la bursátil, pero el Gobierno no parece preparado para prevenir o mitigar el posible estallido consecutivo de ambas burbujas -a tenor de las resoluciones continuistas aprobadas tras el debate sobre el estado de la nación-, y que requerirían, a nuestro juicio, comenzar por reconocer la gravedad de los problemas señalados.

Cristina Narbona Ruiz es secretaria federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE.