Empleo, inmigración y delincuencia, entre las resoluciones aprobadas

El PP utilizó su mayoría absoluta para aprobar 39 resoluciones, la mayoría con propuestas para crear empleo y combatir tanto la delincuencia como la inmigración irregular. El partido del Gobierno sacó adelante sus iniciativas, algunas pactadas con Convergència i Unió y Coalición Canaria, y 12 de CiU y CC. La mayoría de las propuestas del PP tienen un enunciado genérico y de 'impulso' a reformas ya en marcha.

Sólo la política internacional -la condena a Marruecos por su ocupación de la isla Perejil- y la Constitución y el respeto al Estatuto vasco lograron ayer unir al Gobierno y a los principales partidos de la oposición. En el resto de asuntos, y especialmente en lo que se refiere a política económica e inmigración, el guión seguido en los últimos años se repitió: fueron presentadas 147 propuestas, casi las mismas que el año pasado -148- pero quedaron aprobadas sólo 39 -el año pasado fueron 51-. Ese exiguo porcentaje del 26,5% refleja hasta qué punto el PP utilizó su mayoría para rechazar una tras otra las propuestas de la oposición. Y también que este año las enmiendas aprobadas a los socios de CiU se han reducido.

Entre las aprobadas por el PP con el apoyo de sus socios parlamentarios catalanes están algunas de las que tienen más alcance político. Por ejemplo, la que insta al Gobierno a desarrollar las iniciativas necesarias para fomentar el diálogo social sobre la protección al desempleo.

También acordaron ambos grupos algo que ya había anunciado el presidente del Gobierno en su intervención del día anterior: las reformas legales para tratar de luchar contra los delincuentes reincidentes. En este marco, se acordó impulsar la aplicación de la Ley de juicios rápidos, que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado. También en este sentido se aprobó pedir al Ejecutivo que reforme la Ley del Menor para evitar alguno de los fallos que se han comprobado.

Uno de los ejes de las sesión de ayer, que terminó con la votación de los acuerdos resultantes del debate sobre el estado de la nación, fue el acuerdo del PP y CiU para mantener las líneas generales de la política económica. Ambas grupos aprobaron nuevas ayudas a las familias e incluso estudiar una nueva Ley de Familias numerosas.

Previsiones presupuestarias

En cualquier caso, ninguna de las propuestas tiene un contenido muy detallado. En la mayoría de los casos, los enunciados se limitan a fijar unos objetivos deseados y pedir luego al Gobierno que estudie e impulse las medidas necesarias para llegar a ése objetivo, sin aclarar cuáles son. Además, la mayoría de las enmiendas añaden la cautela de que las medidas se aplicarán 'siempre que lo permitan las previsiones presupuestarias'.

En cuanto a los asuntos más polémicos, el PP elaboró propuestas sobre todos ellos pero casi ninguna concreta novedades significativas. En inmigración, por ejemplo, el partido del Gobierno se limita a pedir al Ejecutivo que 'continúe' con la política de extranjería que ha venido desarrollando dentro del plan GRECO. En este sentido se aclara que el objetivo sigue siendo el de potenciar la inmigración legal y luchar contra el tráfico de seres humanos. Entre las propuestas que el PP promovió sin transacciones destaca también el desarrollo de infraestructuras de transportes y el primer paso para una nueva Ley general de las Telecomunicaciones. También se impulsa, aunque sin concretar cuantías, la mejora de las pensiones mínimas y se habla en una resolución de ampliar el porcentaje que corresponde a las de viudedad.

El Congreso pide además al Ejecutivo que mantenga la firmeza en Europa cuando se negocie la política común de pesca para poder conservar en activo la flota española, una de las mayores del mundo. En cuanto al deporte, también se impulsarán nuevos mecanismos para luchar contra el dopaje. Y se aplicarán medidas contra la piratería musical.

En cuanto al medioambiente, el Gobierno deberá presentrar un proyecto de ley de responsabilidad civil para daños medioambientales, en línea con la máxima de que 'quien contamina, paga'.

El PP pactó además con Coalición Canaria algo que se ha convertido en el centro del debate en las islas: que Canarias se convierta en una prioridad de la protección de las fronteras europeas frente a la llegada de inmigrantes irregulares. Además, se reconocerá el carácter ultraperiférico de esta comunidad de cara a las reformas de la UE.