El PSOE planteará medidas para prevenir el fraude y defender a los pequeños accionistas

El Gobierno 'ha relajado' los controles y 'rebajado' la calidad y las exigencias de la inspección y prevención del fraude. Así de taxativo se muestra el PSOE en un bloque de resoluciones en las que alude al caso Gescartera, y cuentas secretas del BBVA. La defensa de los pequeños accionistas, la transparencia de las empresas, la concentración de poder en España al calor de las privatizaciones y las incompatibilidades de altos cargos de la Administración y de la CNMV, son materia esencial de estas resoluciones que se someterán a votación el martes y que incorporarían la creación de comisiones de investigación parlamentaria. El PSOE pedirá al Gobierno la reanudación inmediata del diálogo social.

Privatizaciones. Antes del 30 de septiembre, el Gobierno debe convocar un debate sobre las razones que motivan la privatización de las empresas públicas y un plan sobre las próximas privatizaciones para el período 2001-2004 que incluya la regulación del Consejo Consultivo de Privatizaciones y el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de las empresas públicas

Investigar la liberalización. Creación de una comisión parlamentaria para analizar los efectos de los procesos de liberalización económica y del grado de concentración del poder económico en España.

Contra el cierre de empresas. Una nueva legislación laboral que actúe contra los despidos masivos que respondan a móviles financieros o bursátiles, aumentado las garantías de los trabajadores en los expedientes de regulación. Asimismo, se pide una ley sobre Responsabilidad social de las empresas, que regule la ética socio-laboral y medio ambiental.

Directivos CNMV. Cambio de legislación para que el presidente de la CNMV tenga la máxima responsabilidad sobre los servicios internos de la Comisión. Incluir de manera expresa a los directivos del primer nivel de la CNMV en el ámbito de la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Mejorar la regulación de las incompatibilidades durante los dos años posteriores al cese.

Pequeños accionistas. Para una mayor protección de los accionistas, inversores y usuarios de servicios financieros se propone aumentar la participación efectiva de los pequeños accionistas en la propuesta de nombramientos de consejeros y otras decisiones trascendentales en la gestión y control de las empresas. Se creará una Oficina de Defensa del Accionista en aquellas sociedades emisoras de valores admitidos a cotización.

Buen gobierno de las empresas. Se creará una comisión parlamentaria para estudiar los efectos derivados de la aplicación del Código de Buen Gobierno de las empresas, conocido como Código Olivencia, en relación al reparto equilibrado del poder en los Consejos de Administración, el aumento de la transparencia en las relaciones de las empresas con los accionistas y los mercados y el fomento e incentivación de comportamientos éticos en las empresas.

Incompatibilidades. El partido socialista pide el endurecimiento de la actual Ley de Incompatibilidades de altos cargos para garantizar su plena dedicación e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y la prevalencia de los intereses públicos sobre los privados. La reforma incluirá la clarificación del deber de inhibición durante los dos años posteriores al cese. También la prohibición de poseer participaciones superiores al 10% en empresas con conciertos, contratos o que reciben subvenciones del sector público, aunque la participación sea de forma indirecta.

Regalos y órgano controlador. Se creará un órgano público encargado de velar por la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Incompatibilidades, sin sujeción a relación jerárquica administrativa, para que haga funciones de inspección y control. Este órgano establecerá un sistema de control de regalos que reciban altos cargos con la prohibición de aceptar aquéllos que tengan carácter significativo

Estatuto para los autónomos. Su paulatina equiparación con los trabajadores de la Seguridad Social y eliminación del IAE para avanzar en una tributación más justa.

Inhibición del fiscal general. En asuntos relacionados con personas aforadas.

Política Laboral. Retirada del decretazo.