Vuelta a Lizarra

SI EN DOS MESES el Gobierno español no atiende las reclamaciones del tripartito, la sociedad vasca entenderá que el Estado español habrá quebrado de forma unilateral y definitiva el consenso estatutario y el Gobierno vasco adoptará las medidas que procedan para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Una retórica de emplazamiento y reto destinada a convencer a los electores nacionalistas de la razón que asiste al PNV y EA, con el servil acompañamiento de IU/EB, a dar un paso adelante en la marcha hacia una declaración unilateral de secesión del Pueblo Vasco o Euskal-Herria del Estado español: así es como hay que entender el Informe del tripartito sobre el autogobierno, elaborado por los partidos que sostienen al Gobierno vasco.

Para empezar, el informe no es tal: el ingenuo que vaya a buscar en ese papel informaciones sobre nivel de autogobierno, transferencias realizadas o pendientes, términos en los que se plantea la discusión o, en fin, cualquier otro dato válido para formarse una opinión fundamentada, va dado. Nada hay de eso, sino simplemente el juicio taxativo de que ha desaparecido el consenso político que en una época remota se dio en torno al Estatuto, y que de esa desaparición el único culpable no es el Pueblo Vasco, ni Euskal-Herria, ni el Gobierno de Euskadi, sino el Gobierno español.

Eso es lo que el tripartito tiene que decir como balance sobre el Pacto Estatutario: que existió, que de él salió el Estatuto y que el Estado español lo rompió. De la ruptura se han derivado tres graves consecuencias: la pérdida de lealtad al marco jurídico-político estatutario, la amenaza para el mantenimiento de las cotas de bienestar alcanzadas en la sociedad vasca y, en fin, la creencia progresiva de que ha llegado el momento histórico de alcanzar 'consensuadamente un nuevo Pacto Político para la convivencia'. O sea, que si el escrito terminara ahí, la meta del tripartito consistiría no más que en proponer la revisión del Estatuto, a lo cual nadie podría negar no sólo el derecho, tampoco la razón. Pero una vez agotados los preliminares, el cuerpo del documento revela lo poco que importa a estos señores caer en la más evidente de las contradicciones con tal de conseguir su propósito. Pues alcanzar consensuadamente el nuevo pacto significa que la sociedad vasca goza del derecho a proponer 'las formas de organización política que en cada momento estime oportuno', y que el Estado tiene el deber de respetar esa voluntad. Más aún, los nacionalistas proclaman su derecho al cumplimiento íntegro del Estatuto tal como ellos lo entienden, para que, una vez cumplido, se reconozca 'el derecho que asiste a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, ubicados en el Estado español, a establecer el marco de relaciones jurídico-políticas que estimen más adecuado'; como si dijeran: cumplan ustedes el Estatuto que nosotros ya nos encargamos de destruirlo.

Esta impostura sólo pretende un objetivo. A los redactores del pseudoinforme les trae sin cuidado que el Estatuto se cumpla más o menos; de hecho, no dedican ni una línea a demostrar en qué cosas no se ha cumplido. Lo que de verdad les importa es legitimar la propuesta con la que terminan el 'informe': elaborar un 'nuevo Proyecto o Proyectos de ordenamiento jurídico'. En eso, y no en asumir en dos meses y a las bravas competencias no transferidas, consiste, si quiere decirse así, el reto. Los nacionalistas, con el apoyo de IU y la abstención, que es de hecho un apoyo necesario, de Batasuna -o sea, con Lizarra en pleno-, han decidido elaborar un nuevo proyecto jurídico para Euskadi que piensan someter a referéndum, diga lo que quiera el Estado español.

Lo han decidido trayéndoles sin cuidado que ETA siga matando y Batasuna amedrentando a la mitad de la sociedad vasca. Es más, haciendo todo lo posible para mantener en vida a Batasuna como agente difusor del miedo y aprovechando el permanente acoso a que están sometidos por ETA y su brazo político los cargos públicos del PSOE y del PP para avanzar hacia su programa máximo. Los nacionalistas no sienten ningún reparo en sacar partido de la imposibilidad de que los no nacionalistas defiendan públicamente y en condiciones de igualdad sus posiciones: juegan con las cartas de los otros marcadas por el terror. ¿Habrían sido capaces de lanzar este envite sin que media sociedad vasca viviera condenada al silencio, a no salir al balcón? Seguramente, no; y esa desoladora constatación muestra bien el talante moral y el oportunismo político del nacionalismo sedicentemente democrático que ha vuelto a Lizarra sin exigir a ETA el abandono de las armas.