La Fiscalía del Estado se opone a la imputación del ministro Matas por supuesto espionaje al PSOE

La Fiscalía del Estado se opuso ayer a la imputación del ex presidente del Gobierno balear y actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por su implicación en el caso Bitel, que investiga el presunto espionaje del correo electrónico del socialista Francisco Quetglás por parte del Ejecutivo balear, entre marzo de 1998 y marzo de 2000.

El imputado Sebastián Vallori recibió en esos dos años 34 mensajes de correo electrónico dirigidos a Francisco Quetglas por un redireccionamiento incorrecto de su cuenta como presidente de la Comisión de Urbanismo del Consell Insular a la del gabinete del presidente del Gobierno balear. Matas exhibió algunos de esos documentos incorrectamente obtenidos en una sesión plenaria del Consell.

Sin embargo, el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, no ve 'indicios razonables' para tomar declaración a Matas en calidad de imputado. Luzón, número dos de la Fiscalía, no apreció delito de prevaricación en la conducta de Javier Gómez de Liaño, pero sí consideró prevaricación dolosa (intencionada) la actuación de los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que pusieron en libertad a Carlos Ruiz Santamaría, El Negro. En el caso Formentera tampoco vio delito. En todos los casos su criterio fue rechazado.

El fiscal se apoya en que dos pruebas periciales señalan que no existe prueba alguna de que el redireccionamiento del correo electrónico de Quetglas fuera resultado de una maniobra o manipulación voluntaria, sino fruto de un error cometido por la empresa Bitel.

Pero aunque durante dos años el receptor de los mensajes no avisara al departamento de informática y se aprovechase intencionadamente del error y se apoderase de los mensajes, el fiscal opta por la inexistencia de delito, porque considera que el receptor, Salvador Vallori, del gabinete del presidente y el propio Matas, no tenían la finalidad de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de Quetglas.

Luzón reconoce que sí podría ser indicio de delito la posesión y exhibición por parte de Matas de un documento remitido a Quetglás en el pleno del Parlamento balear del 14 de octubre de 1998, pero habría que demostrar que fue obtenido ilícitamente.