Matas reduce de 11 a 2 los puestos para ecologistas en el Consejo Asesor

El Ministerio de Medio Ambiente ha reducido la composición de los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) a la mitad de los que tenía (de 35 a 14) cuando se fundó en 1994. Un decreto publicado ayer y del que no han tenido información previa los colectivos que lo negociaban con el Ministerio, incorpora a las cooperativas o sociedades laborales como nuevos vocales, pero limita a dos puestos los once que tenían reservados hasta ahora los ecologistas.

Tras su sorpresa por la publicación del decreto, la primera reacción de estos colectivos fue rechazar la nueva composición de este organismo asesor, que no se reúne desde septiembre de 1997. La indiferencia del Ministerio que encabeza Jaume Matas hacia este órgano consultivo le ha ganado dos rapapolvos del Defensor del Pueblo por no darle explicaciones a las quejas que le trasladaron los ecologistas al no convocarlo, como era preceptivo, una vez al trimestre (ahora será cada seis meses).

La numerosa composición del anterior consejo dificultaba la agilidad de su funcionamiento, pero su reducción ha sido excesiva, según Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. El nuevo consejo mengua drásticamente la representación de la administración, que no obstante sigue siendo mayoritaria. Pero quienes salen peor parados son los ecologistas, que de once puestos que tenían se quedan en dos, a 'pesar de que somos las únicas asociaciones entre las convocadas dedicadas exclusivamente al medio ambiente', apunta Oberhuber.

Rectificar

Las cinco organizaciones que habían negociado con el secretario de Estado de Aguas y Costas el estatuto del consejo (SEO, Greenpeace, Adena, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción) lamentan que no haya tenido en cuenta sus sugerencias.

La más importante, a su juicio, es que fuera vinculante el informe de este consejo asesor sobre cualquier proyecto de ley, plan o programa relacionados con el medio ambiente. La petición estaba justificada porque durante la primera etapa del Ministerio de Medio Ambiente se aprobaron un paquete de leyes importantes (trasposición retrasada de directivas en su mayoría), como el Plan Hidrológico Nacional, sin la supervisión del consejo. Por eso piden al ministerio que 'rectifique' y no descartan boicotearlo, ya que en su opinión no responde a los reiterados llamamientos a la participación ciudadana que reclama este Gobierno.

Los ecologistas admiten que en ninguno de los decretos sobre el consejo (y van tres desde que gobierna el PP) se indica que sus informes sean preceptivos. Por otra parte, no acaban de explicarse cómo su interlocutor en la negociación frustrada de este decreto haya sido el secretario de Estado de Aguas y Costas, cuando esta tarea corresponde a la secretaria general de Medio Ambiente, Carmen Martorell, a la que se ha despojado de esta competencia y de la coordinación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.