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Garzón imputa a 64 personas en el macrojuicio contra el entorno de ETA

El magistrado concluye cuatro años de investigación

El juez Baltasar Garzón concluyó ayer cuatro años de investigación del entorno político, mediático y financiero de la banda terrorista ETA-KAS-Ekin, al elevar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el sumario 18/98 para que se abra el juicio oral. El caso derivará ahora en un macrojuicio contra 64 procesados, acusados en su mayoría por delitos de pertenencia o colaboración con ETA. En este proceso están las operaciones contra la trama financiera, el aparato político, la red internacional, el entramado mediático y propagandístico, la coordinadora de enseñanza de euskera y el proyecto de desobediencia civil de ETA.

Garzón sostiene que ETA no es sólo los comandos que asesinan y ponen bombas. El juez considera que la organización terrorista es un entramado complejo del que forman parte los integrantes del frente político, cultural y de masas, y que los que están en la clandestinidad forman una mínima parte de todo ese entramado.

Aunque el magistrado tiene abiertos otros procesos contra las organizaciones relacionadas con los presos etarras, Gestoras Pro Amnistía y Senideak; contra las juventudes del grupo, Jarrai-Haika-Segi, y contra el brazo financiero que suponen las Herriko Tabernas, la conclusión del primer sumario contra el entorno de la banda es fundamental para el desarrollo futuro de esos procesos ya que del resultado de este macrojuicio dependerán los restantes. Es decir, si la sala que juzgará a los 64 imputados entiende como Garzón que ETA no es únicamente su aparato militar, sino todo el entramado cultural, financiero, de adoctrinamiento o de desobediencia civil cuya cobertura es aparentemente legal.

Siete operaciones

El sumario que ahora se concluye afecta a siete operaciones realizadas por Garzón entre 1998 y 2002. Se trata de las de la trama financiera de ETA-KAS y la ilegalización de la coordinadora; la del aparato de propaganda, con el cierre de Egin y Egin Irratia; la de la red de información, contra Pepe Rei y el equipo de investigación del citado diario y la revista Ardi Beltza; la del aparato de relaciones internacionales Xaki; la del aparato político Ekin; la de desobediencia civil, con la fundación Josemi Zumalabe, y la de la coordinadora de enseñanza de euskera para adultos AEK.

Entre los 64 procesados figuran los ex parlamentarios vascos José Antonio Etxeberria Arbelaitz, Pablo Gorostiaga, José Luis Elkoro, Jokin Gorostidi y José María Olarra. También figuraba el ex parlamentario Gorka Martínez, pero falleció el pasado 16 de junio tras una afección cardiaca. Otros procesados son el ex director de Egin, Javier Salutregi; el ex jefe del equipo de Investigación y director de la revista Ardi Beltza (Oveja negra) Pepe Rei; la jefa de Xaki, Elena Beloki, los abogados Txema Matanzas y Carlos Trenor y la ex portavoz de Jarrai, Anne Lizarralde.

La primera operación se inició el 28 de mayo de 1998. El juez Baltasar Garzón dirigió de madrugada una operación policial dirigida a desmantelar parte del entramado financiero con apariencia legal de ETA y su entorno. La operación fue considerada un éxito porque abrió un agujero en la muralla de la fortaleza financiera de ETA y marcó un antes y un después en el tratamiento jurídico al entorno de la banda terrorista. Por aquellos hechos resultaron procesados 26 personas de las que, finalmente han quedado 22. Garzón precisaba que ETA dirigía junto con KAS -Ekin, tras la ilegalización de ésta- el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Poco después, el magistrado intervino en las empresas que conformaban el aparato de propaganda: Orain, Ardatza, Erigane y Hernani Imprimategia. Orain era la editora del diario Egin y la emisora Egin Irratia que fueron clausurados. El magistrado señalaba en julio de 1998 que ambos medios de comunicación eran 'meros instrumentos que la organización terrorista KAS-ETA tenía para conseguir los fines delictivos que persigue, a la vez que, formaban parte del entramado económico financiero' diseñado en 1992.

En la operación fueron detenidas 11 personas, miembros de los consejos de administración de la empresa editora de Egin y de otras empresas instrumentales, a los que se imputo delitos de pertenencia o colaboración con banda armada y alzamiento de bienes.

Proyecto Udaletxe

En el auto dictado por el juez, en ese momento se establecía que ya en los documentos incautados a la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, se describía el denominado 'proyecto Udaletxe' que recogía la estrategia del entramado ETA-KAS para introducirse en diversos campos de actividad legal en Euskadi y en la que el diario Egin y la sociedad editora Orain constituían el instrumento de la organización para la penetración en los medios y como propaganda.

En 1999, el juez actuó contra Pepe Rei, al que imputó por integración en ETA, por entender que fijaba posibles objetivos terroristas entre miembros de la Ertzaintza, PP, PSOE, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, judicatura, empresariado y personas 'notables'.

En 2000, Garzón procedió contra Xaki, considerado el apatato internacional de ETA. 11 personas fueron procesadas.

Ese mismo año procedió contra los responsables de Ekin, el aparato político de la banda, organización sucesora de KAS y que constituye la vanguardia del MLNV. 19 personas fueron procesadas.

Posteriormente procedió contra los responsables de la coordinadora de alfabetización en eusketa, AEK, por formar parte presuntamente de 'la estructura organizativa del entramado criminal de ETA-KAS'. Por último, en 2001 se procedió contra el proyecto Piztu de desobediencia civil en el que fueron procesadas 10 personas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de julio de 2002