La Audiencia confirma la prisión de 12 dirigentes de Gestoras pro Amnistía

La Audiencia Nacional confirmó ayer la prisión para los 12 dirigentes de Gestoras pro Amnistía detenidos en la operación dirigida por el juez Baltasar Garzón en noviembre de 2001. Se trata de Juan Antonio Madariaga Erezuma, Jagoba Terrones Arrate, Julen Larrinaga Martín, Jon Imanol Beascoa Rodríguez, Julen Celarain Errazti, Gorka Zulaika Amotxategi, Aratz Estomba Iturriza, Ainhoa Irastorza Otegi, Iker Zubia Urrutia, María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo y Jesús Beaumont Barberena. La resolución afectaba también a Juan María Olano, responsable nacional de Gestoras y que se encuentra preso en Francia y con el informe favorable a la extradición por parte de la Corte de Apelación de Pau.

El auto de la Audiencia precisa que 'las conclusiones a las que llega el juez instructor en esta fase del procedimiento son coherentes y lógicas, en base a las diligencias de investigación realizadas, sin que las alegaciones vertidas por los recurrentes puedan desvirtuar esas conclusiones, pues no pasan de ser un mero negar las imputaciones, sin soporte jurídico'.

Garzón señalaba en su auto de 2 de noviembre de 2001 que ahora se ha confirmado en todos sus extremos que Gestoras es una parte de la estructura de ETA que se encarga de coordinar y financiar el denominado 'aparato de makos' o colectivo de presos de la banda. El juez acusó a los dirigentes detenidos de pertenencia a banda armada y embargó 22 cuentas bancarias de la organización.

El magistrado explicaba que ETA controla a sus presos a través de los abogados de Gestoras, que actúan como comisarios políticos dentro de la estrategia de la banda para el control de su colectivo de presos. El juez señala que Gestoras sigue las directrices marcadas por ETA en lo relacionado con el control y sostenimiento económico de su colectivo de presos y para la deslegitimación del marco jurídico-político español. El organismo es fundamental para el desarrollo del proyecto Alde hemendik / Fuera de aquí, que persigue que los funcionarios del Estado abandonen el País Vasco y Navarra.