Garzón embarga 24 millones de euros a Batasuna por actos de violencia callejera

El juez Baltasar Garzón propinó ayer un nuevo golpe a lo que considera el entorno de ETA al declarar la responsabilidad civil de Batasuna en los daños de la violencia callejera causados por la organización juvenil Segi. El magistrado sostiene que Segi y Batasuna constituyen 'estructuras integradoras del complejo terrorista liderado por ETA' y que, dada la cobertura que Batasuna ha ofrecido a Segi en la realización de esas acciones violentas, ahora debe asumir su coste. El importe de los daños se eleva a 18.227.636 euros, si bien el juez ha acordado el embargo de bienes por 24.303.515 euros en previsión de la tasación definitiva.

El embargo afecta a dinero, valores, derechos, bienes muebles e inmuebles de los que sea titular Batasuna, directa o indirectamente, o a través de sus miembros, pero al servicio de la organización, con su proio nombre o con el de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o cualquier nombre o siglas que le sustituya. También afecta a los créditos y las subvenciones que tenga la organización.

El embargo sólo se producirá en el caso de que Batasuna no constituya una fianza o deposite un aval por los 24 millones de euros, lo que no parece probable.

Garzón ha adoptado la decisión en el marco del sumario contra la organización juvenil del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) Segi y por los daños provocados por convocatorias de esa organización desde su fundación en junio de 2001. En su resolución plantea exigir idéntica responsabilidad en el sumario que tramita sobre Jarrai-Haika, organización predecesora de Segi, por los daños provocados.

El auto señala que la responsabilidad civil debe extenderse -una vez acreditada la vinculación entre ETA, Ekin, Jarrai, Haika, Segi, HB, EH, Batasuna, Herriko tabernas y otras estructuras del complejo liderado por la primera- 'a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado'. Por tanto, el juez considera que cada vez que se produzca un atentado, Batasuna debe ser considerada responsable civil, de forma solidaria, con los autores del mismo.

El auto de Garzón detalla que ETA es una organización terrorista compleja que abarca además del aparato militar, un frente político, otro cultural, otro obrero y otro de masas, del que la rama militar ejerce el liderazgo.

La estructuración de la banda está basada en el concepto de la complementariedad, que equivale, según la resolución, a la 'utilización concertada y conjunta, según la necesidad concreta, de los recursos disponibles en cada una de las estructuras del único complejo organizativo terrorista en el que se integran, que actuara según los casos, y según convenga, desde la ilegalidad o legalidad'. Ello les permite funcionar a través de la 'utilización de vías de financiación legal (subvenciones); de relaciones exteriores legales (Xaki); con un servicio de información que facilita la organización política legal (HB-EH-Batasuna), a través de la obtención de los censos electorales; con un sindicato legal, al menos durante bastante tiempo; con medios de comunicación propios (Egin, Egin Irratia); con una escuela o cantera de formación y regeneración de la estructura militar (Jarria-Haika-Segi); con medios para controlar los presos (Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna) y para mantener a otros en la clandestinidad, y con abogados (ZZ) que actúan al servicio del complejo terrorista integrados en el mismo'.

La lucha callejera o kale borroka responde, según Garzón, 'al diseño, orden y ejecución de ETA como elemento complementario'. ETA diseña la táctica y estrategia de la kale borroka, determina los objetivos y la intensidad de las acciones, según le convenga y es desarrollada a través de Jarrai-Haika-Segi.

Financiación conjunta

Tras señalar que todo el MLNV tiene una financiación conjunta y compartida, al menos desde 1986, Garzón señala: 'La instrumentación mutua entre diversas estructuras del mismo complejo terrorista liderado por ETA, no pueden quedar sin respuesta, en el ámbito de la reparación, resarcimiento o indemnización de las acciones cualesquiera de ellas ya que, planeadas por unos (ETA), son desarrolladas por otros, Ekin, y, ejecutadas por otros Jarrai-Haika-Segi, a través de sus miembros. Y sus resultados benefician a todo el conjunto por coadyuvar a la finalidad ilícita común y única del mismo, que no es otra que la subversión del orden constitucional o la alteración grave de la paz pública'. Por ello, el juez concluye que deben repercutir negativamente en todas ellas y ser consideradas responsables civiles.

El auto destaca que 'ese beneficio conjunto que le reporta al complejo de estructuras -legales e ilegales-, del MLNV, las acciones delictivas de las ilegales y sus miembros debe generar una responsabilidad en función del riesgo no evitado, o consentido o incluso auspiciado, en todo caso, por HB-EH-Batasuna, que representa una especie de empresa pantalla en la que actúan unos administradores de derecho pero que obedecen las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA'.

Los daños a los que se refiere este sumario se elevan a 18 millones de euros, si bien el juez exige 24 millones, conforme al artículo 589 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto la tasación de los datos no sea definitiva.

Texto íntegro del auto en www.elpais.es