Una economía en la clandestinidad

La decisión del juez Baltasar Garzón de embargar los bienes de Batasuna para hacer frente a las responsabilidades civiles ocasionadas como consecuencia de acciones de lucha callejera convocadas por organizaciones del entorno de ETA tiene gran trascendencia en el orden práctico. No tanto por el dinero que se pueda incautar en las cuentas bancarias del partido político pro etarra -que previsiblemente no será mucho cuando el embargo se produzca-, sino porque de facto conduce a los batasunos a una economía extrabancaria, de calcetín o de baldosa.

A partir de que el auto sea firme -contra el mismo cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días y, tras el previsible rechazo, un recurso de queja ante la sala-, Batasuna como partido o en cualquiera de las formas que se denomine o vaya a denominarse verá que sus cuentas son sistemáticamente bloqueadas, no podrá acceder a créditos ni a subvenciones, que serán embargados, y su economía pasará automáticamente a la clandestinidad.

Por el momento, la responsabilidad civil afecta a los daños provocados en convocatorias de Segi, pero el propio juez apunta que la responsabilidad debe extenderse a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público o privado que haya sido provocada por ETA, Ekin, Jarrai, Haika, HB, EH, Batasuna o cualquier otra estructura del complejo terrorista liderado por ETA. Es decir, cada vez que haya un atentado, Batasuna será declarada responsable civil solidaria de los daños que se produzcan. Aunque la ilegalización de actividades de Batasuna aún no se ha producido, la de su economía sí.