El fiscal anticorrupción impugna todas las diligencias que ha realizado el juez Garzón en el 'caso BBV'

El fiscal anticorrupción David Martínez ha impugnado, en un escrito del 27 de junio, todas las diligencias ordenadas en las últimas semanas por el juez Garzón en el caso BBV. El fiscal señala que el BBVA no ha aportado en 53 días información requerida sobre las sociedades trust de Jersey al tiempo que el juez le ha conferido de hecho 'la cualidad de parte procesal' en el caso, 'siendo así que el banco no es acusación particular ni popular; ni actor civil directo, ni partícipe a título lucrativo'. Fuentes del banco señalaron que 'en todo momento han colaborado en la investigación'.

El divorcio entre la fiscalía y el juez comenzó al poco de incorporarse a la causa los hechos del expediente disciplinario abierto por el Banco de España por las cuentas secretas y los fondos de pensiones a favor del ex presidente, Emilio Ybarra, y otros 21 consejeros del antiguo BBV. El juez rechazó entonces la imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y del actual número dos del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, como proponía el fiscal, por entender que los indicios existentes (básicamente, la declaración del testigo protegido Nelson Rodríguez) no eran suficientes.

El fiscal exige que se requiera al banco a entregar la documentación pendiente sobre las operaciones de Jersey con productos fiduciarios (operaciones que podrían haber sido utilizadas para evasión fiscal) y sobre otras sociedades de responsabilidad limitada: Rona Industries, Caraway, Camaret, Argent Investments, Simwell, Vancouver Finance, Candlestone, Yamala, Palace Properties, Paddock, Ozinvest. También solicita un informe en plazo de 10 días sobre la identidad de los titulares de los fondos canalizados por las cuentas abiertas en la oficina 5.669 de la calle Gran Vía, 12, de Bilbao, a nombre de Orquídea Investments Corporation y Cheswick Investments. La investigación se centra en Espamex.

El punto neurálgico es el lugar procesal que ha ido ocupando el BBVA en la instrucción, sobre todo a partir de su escrito de 20 de junio, en el que proponía diversas diligencias admitidas por el juez. 'El instructor atribuye a BBVA la cualidad de parte procesal, al admitirle un escrito en el que tal entidad interesa una serie de diligencias, siendo así que el banco ni es acusación particular ni popular; ni actor civil, ni responsable civil directo, ni partícipe a título lucrativo. En su caso, puede ser declarada responsable civil subsidiaria por los delitos de sus empleados, representantes o gestores'. El fiscal enfatiza que 'el banco no es sujeto de la instrucción. Y no está denunciado. Se trata de una persona jurídica. La investigación pretende determinar la responsabilidad criminal personal de quienes, aprovechando las estructuras de una organización seria, lícita y solvente, pudieron o pueden estar implicados en actos penalmente relevantes'.

Según el fiscal, el juez 'tuvo por personado al BBVA como 'denunciado', en heterodoxa decisión que no fue impugnada por irrelevante. Ahora bien, y en la medida en que esta situación parece haber otorgado al banco una irregular carta de naturaleza, otorgándole la posibilidad de incidir en la instrucción, el ministerio fiscal, en tanto que garante de la legalidad, debe oponerse a las diligencias acordadas'.

El escrito recurre las decisiones de los pagos de 1,5 millones de dólares al partido de Hugo Chávez, en Venezuela. El juez requirió el 25 de junio al BBVA para aportar 'testimonio de las normas legales y administrativas, así como cualquier otra de diferente naturaleza, y los informes de las autoridades que acrediten la legitimidad de los pagos de bancos a formaciones políticas en la campaña de un candidato presidencial, y para las elecciones a la Asamblea Constituyente'.

Según el fiscal, resulta 'cuanto menos ineficaz requerir al BBVA,en cuyo seno persona o personas concretas habrían propiciado la comisión de delitos en un Estado extranjero, con el fin de que sea quien emita testimonio relativo a la legislación aplicable en dicho país. Y más aún, para que certifique sobre las decisiones que las correspondientes autorizadas venezolanas hubieren adoptado al respecto'.

El fiscal anticipa que en Venezuela 'está prohibido aceptar donaciones o subsidios de compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero'. Objeta también que el juez ordenara oficiar a Interpol para que se 'informe sobre la identidad de la persona o personas que hubieren dirigido la campaña electoral del partido que apoyó a Chávez para las elecciones'. Según el escrito, 'el cauce procedente, y viable para la instrucción, es cursar, bajo el principio de reciprocidad, una comisión rogatoria'.

El fiscal aporta, por último, una carta en la que Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo, responsables de gestionar las cuentas secretas del BBV en el extranjero e imputados en el caso, solicitan al actual consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, que el banco atienda los gastos de defensa como lo hace con otros ejecutivos de la entidad.