Los olivos milenarios de Castellón carecen de protección legal

El comercio de olivos milenarios en las comarcas de Els Ports y El Maestrat, que ya ha supuesto el expolio de más de 150 valiosos árboles monumentales del patrimonio vegetal castellonense, no es un delito. Así lo cree la Consejería de Medio Ambiente. Y lo argumenta en que se trata de una especie agrícola y afecta a terrenos cultivables. La Consejería de Agricultura y la Diputación de Castellón tampoco quieren asumir responsabilidades sobre estos árboles. En septiembre se tramitará en las Cortes una proposición no de ley para declarar a estos olivos Bien de Interés Cultural (BIC).

El comercio de olivos milenarios ha supuesto la venta de casi un tercio del medio millar de ejemplares que existen en esas dos comarcas, según Acción Rural del Bloc. Mientras en países como Francia o Italia está prohibida esta práctica, los mercaderes de árboles singulares han hallado un filón en el norte de Castellón, según publicó ayer EL PAÍS. Ayudados por vecinos de la zona, que por una comisión ridícula de entre 30 o 60 euros les hacen un completo inventario de los árboles del municipio, los intermediarios compran los olivos por cantidades que llegan a los 12.000 euros. Los propietarios se ven tentados por ese dinero, tras un año difícil para las economías rurales a causa de las crisis alimentarias. Los ejemplares serán revendidos después, por cantidades que multiplican por diez la original, para adornar los jardines de los ricos.

'No es competencia nuestra', aseguraron ayer en la Consejería de Medio Ambiente. La razón es que la legislación ambiental sólo protege específicamente la vegetación de alto valor ecológico o las plantas en peligro de extinción. Una especie de cultivo agrícola, como es el olivo, por muy milenario que sea, no entraría en ninguna categoría de protección.

Así, para la consejería que dirige Fernando Modrego sólo caben tres posibilidades. La primera es que el 'árbol monumental se halle en terrenos clasificados como forestales', tanto si son montes de utilidad pública como si son de titularidad privada. En este caso 'la administración puede prohibir que se arranquen ya que toda tala en terrenos forestales necesita la autorización de Medio Ambiente'. La segunda es que el valioso ejemplar se encuentre en terrenos agrícolas de propiedad privada. 'La Administración no puede hacer nada', y más aún si se trata de un árbol de cultivo. Cosa distinta sería que se hallara una planta protegida en suelo privado, ya que la consejería sí puede ordenar su conservación.

La tercera posibilidad es que el árbol milenario se vea afectado por una obra pública. 'Como la Administración expropia los terrenos y es propietaria del ejemplar puede establecer medidas de protección'. Desde la consejería recuerdan que en estos casos las declaraciones de impacto ambiental (DIA) suelen ordenar que los árboles más valiosos sean respetados por las infraestructuras o transplantados a fincas próximas.

Mientras, desde la Consejería de Agricultura sostienen que el asunto corresponde a Medio Ambiente o a la Dirección General de Patrimonio porque, según fuentes del gabinete de prensa, 'no se trata de un asunto que afecte a la producción'. Y en la Diputación de Castellón, el vicepresidente Vicent Aparici, que detenta la responsabilidad medioambiental, opina que la protección de los olivos milenarios corresponde 'más a la Generalitat Valenciana' que a ellos. Aparici admite que la Diputación tiene 'alguna línea de protección' y que la institución puede colaborar, con cierta cantidad que no supo determinar, 'si los ayuntamientos lo piden'.

Por su parte, el alcalde de Traiguera, José Vericat, del PP, municipio con algunos olivos de más de 2.000 años, coincide con el Bloc y la Unió de Llauradors en solicitar ayudas para la conservación de estos árboles y ve con buenos ojos 'salvaguardar este patrimonio' y fomentar su difusión 'para que se conviertan en un complemento' del turismo rural.

En ese sentido, el diputado autonómico del PSPV por Castellón Daniel Gozalbo ha presentando recientemente en las Cortes una proposición no de ley, que no será tramitada hasta otoño, para catalogar los olivos como BIC y darles protección.