El Senado da el visto bueno definitivo a la Ley de Partidos

Por 214 votos contra 15, el pleno del Senado aprobó ayer definitivamente la Ley de Partidos Políticos. El ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, anunció que el texto, que no volverá al Congreso al no haber sido enmendada, se publicará en el BOE en tres días y entrará inmediatamente en vigor. El Gobierno y el PSOE impulsarán la ilegalización de Batasuna en el momento en que, con su actuación, vulnere dicha ley.

El portavoz socialista, Joaquín Galán, pidió al Gobierno que gestione la ley 'sin precipitaciones ni preocupaciones de fotos ni de votos'. Es decir, que renuncie a una aplicación inmediata de la norma, para no dar la impresión de que se pretende ejecutar con carácter retroactivo.

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, rehuyó hablar de plazos, pero reclamó la implicación del Congreso y Senado en el proceso de ilegalización de Batasuna.

La ley obtuvo el respaldo de populares, socialistas, CiU y Coalición Canaria; y el rechazo de PNV, IU, Eusko Alkartasuna (EA) y BNG. El grupo de la izquierda catalana, Entesa, dividió sus votos: seis senadores del PSC apoyaron el proyecto -otros dos estuvieron ausentes-; mientras que votaron en contra los dos de ERC y Ramón Espasa.

Joseba Aurrekoetxea, del PNV, en una intervención muy moderada, expresó su temor a que la ilegalización de Batasuna divida a la sociedad vasca y rompa los pactos contra el terrorismo por una 'estrategia diseñada' por los dos principales partidos nacionales. Tanto el PNV como los demás grupos críticos con el proyecto incidieron más en su 'inoportunidad política' que en sus problemas constitucionales.

Populares y socialistas insistieron en la oportunidad de la ley, coincidieron en considerarla necesaria 'por higiene democrática' y advirtieron al nacionalismo democrático de que oponerse a ella es un 'error histórico'.

'Nuestro sistema democrático no puede consentir que un partido político sea en la práctica refugio de asesinos, aparato de financiación o altavoz de propaganda desde los escaños parlamentarios o las concejalías', dijo el portavoz del PP, Pío García Escudero. 'Ni tampoco puede consentir'. agregó, 'que se utilicen las subvenciones para comprar pistolas o los escaños de los concejales para amenazar, intimidar o condenar a los que no piensan como ellos'.

García Escudero replicó al argumento del PNV de que la ilegalización de Batasuna pueda radicalizar la situación en el País Vasco. 'Dudo que se pueda radicalizar más el enfrentamiento y la fractura social en el País Vasco cuando la mitad de la sociedad vasca está amenazada de muerte', dijo. 'Intentar acabar con la violencia, con el apoyo político al terrorismo es oportuno', agregó. En todo caso, concluyó, 'si de oportunidad se trata, podría decirse que llega 25 años tarde, cerca de 1.000 muertos tarde, miles de bombas tarde', concluyó.

El ministro de Justicia Ángel Acebes, insistió previamente en que, al aprobar esta norma, el Senado ha cumplido su obligación de 'dotar de instrumentos al Estado de Derecho para reforzar la democracia, la paz y la libertad'. La ley, añadió Acebes, proporciona 'medios para combatir a quienes no respetan el derecho a la vida, sin por ello comprometer a quienes defienden cualquier ideología política'.

El portavoz socialista, Joaquín Galán, también defendió la ilegalización de Batasuna porque 'no puede ser legal un partido que nutre de comandos a una organización terrorista'.

'Esta ley no castiga ninguna ideología. Es una ley de defensa de la democracia que condena actuaciones contra el Estado de Derecho', argumentó.

No obstante, Galán se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la ley sirva para acabar on la violencia de ETA. 'Aunque la ley me parece necesaria, no estoy seguro que traiga la pacificación de Euskadi porque ésta depende más de una actuación de democracia militante', dijo.

El portavoz socialista reclamó al Gobierno una 'gestión rigurosa' de la nueva ley y le pidió que evite polémicas con los tribunales como la provocada por los vítores a ETA pronunciados en Francia por el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. 'Se me hace difícil que un juez aplique con carácter extraterritorial el Código Penal', dijo Galán, alineándose con la posición del Supremo.