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Interior rectifica y aclara que se actuará contra Batasuna cuando vulnere la ley

El recurso del 'caso Otegi' no lo verá en pleno la Sala Penal

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, destapó ayer la caja de los truenos de Batasuna, que horas después su propio ministerio intentó cerrar. Rajoy aseguró que el Gobierno instará a la ilegalización de Batasuna nada más entrar en vigor la nueva Ley de Partidos Políticos pactada con el PSOE con ese fin. 'Nosotros promoveremos, en cuanto se apruebe la ley, la petición para que el Supremo actúe', afirmó por la mañana. Horas después, su departamento aclaró que, 'lógicamente', habrá que esperar a que Batasuna cometa un delito para actuar tras aprobarse la citada ley.

El Ministerio del Interior precisó a media mañana que, tras la aprobación de la citada Ley de Partidos, habrá que esperar a que Batasuna incumpla alguno de los supuestos recogidos en el artículo 9.2 de la nueva norma para poder promover su ilegalización. En síntesis, tendría que perseguir la eliminación del sistema democrático con alguna de las siguientes actuaciones: vulnerar sistemáticamente las libertades promoviendo o justificando los atentados; o fomentar la violencia como método de acción política; o apoyar la acción de organizaciones terroristas.

La declaración de Rajoy se produjo como respuesta a una pregunta planteada en un desayuno organizado por Europa Press-Nueva Economía. Allí, el moderador le resumió una pregunta que requería saber si el Gobierno esperaría a aplicar la ley a que Batasuna cometiera alguna nueva ilegalidad o actuaría de inmediato, lo que equivale a aplicar esa norma con efectos retroactivos. El ministro dijo sin ambages que inmeditamente, 'en cuanto se apruebe la ley'.

Como la irretroactividad de la futura ley fue uno de los elementos pactados entre el Gobierno y el PSOE, nada más terminar el acto los periodistas le abordaron con la siguiente pregunta: '¿En qué se basará el Gobierno para pedir la ilegalización?'. El ministro, según sus asesores, no debió entender que le estaban hablando de que las leyes no tienen efectos retroactivos, pues replicó: 'Nos basaremos en lo que conocen todos los españoles. Que Batasuna es un partido que tiene los mismos objetivos que toda la organización ETA'.

Una periodista de la Cadena SER insistió: '¿Pero eso no afecta a la retroactividad de la norma?'. El ministro continuó sin darse por aludido, pues ahí replicó: 'Tendrán que ser los jueces (en este caso el Tribunal Supremo), los que decidan si Batasuna es un partido político porque apoya a ETA o no'.

Por otra parte, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Luis Román Puerta, no atenderá la petición del magistrado Julián Sánchez Melgar de convocar un pleno para resolver el recurso del fiscal contra el auto que archivó la querella contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ya que estaba en Francia cuando gritó 'viva ETA'.

Tras las críticas del presidente Aznar y del ministro Acebes a la resolución del Supremo, Sánchez Melgar intentó recabar el apoyo de otros magistrados para que el pleno de la Sala Penal resolviese sobre el recurso del fiscal, pero no consiguió respaldos. Varios magistrados del Supremo expresaron ayer su malestar por la actitud de Sánchez Melgar de haber ido 'recorriendo los despachos' de algunos compañeros para que apoyasen su iniciativa, y explicaron que no existen precedentes de que un Pleno resuelva un recurso de reforma, que es competencia del mismo tribunal que dictó la resolución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 2002