'Nuestros equipos jurídicos acumulan ya pruebas para ilegalizar Batasuna'

José María Michavila ha tenido que agenciarse otra cartera de ministro de Justicia porque la que le traspasó su antecesor estaba reventada de papeles y trabajo. El propio Ángel Acebes reconoció en su despedida que el principal protagonista en la sombra de la reforma estructural de la Justicia emprendida en estos dos últimos años fue su entonces secretario de Estado.

Ahora, Michavila está exultante y se siente muy recompensado.

Pregunta. ¿Qué mensaje ha querido enviar José María Aznar con este cambio de Gobierno?

Respuesta. Que el PP tiene un amplio banquillo y capacidad de renovación. Llevamos seis años de Gobierno y ahora queremos empezar los próximos seis años de Gobierno del PP para seguir impulsando un proyecto modernizador.

'Apuesto por la continuidad de todo el equipo y del fiscal general del Estado'

'El mensaje del cambio de los ministros es que empiezan otros seis años de Gobierno del PP'

P. Usted está dando por hecho que el PP va ganar las próximas elecciones. ¿Está el sucesor en este Gobierno?

R. Quién ganará las elecciones lo dirán los ciudadanos. Pero iniciativas como la renovación del liderazgo en Valencia y Madrid y otras que se pondrán en marcha demuestran que el PP tiene cuadros e ideas y a España le conviene otra legislatura del PP.

P. ¿Qué papel quiere Aznar que ocupe usted en este Gobierno?

R. Mi papel es seguir impulsando el Pacto de Estado y la reforma de la Justicia para que sea más fácil, eficaz y de calidad.

P. Los nacionalistas argumentan que con la Ley de Partidos aumentará la confrontación política entre el Gobierno central y el de Vitoria.

R. El Gobierno desea una sociedad cohesionada, una convivencia democrática, un respeto a las reglas de juego. A veces uno tiene la sensación de que algunos quieren hacernos creer que las víctimas son un poco víctimas y los terroristas sólo un poco terroristas.

P. ¿Cuándo se va a aplicar la Ley de Partidos a Batasuna?

R. La Ley de Partidos es una gran conquista ética de una democracia que sabe luchar sin complejos contra el terrorismo. Es una ley hecha desde la Constitución, el Estado de derecho y el rigor jurídico. Y con ese mismo rigor se va a aplicar. Ha empezado a ponerse en marcha el contador desde que se aprobó la ley hace 15 días. Ya se están analizando los comportamientos de Batasuna y los elementos que permitan articular una iniciativa que traslade al Tribunal Supremo la decisión de la ilegalización. La ley se ha hecho para aplicarla y el deseo del Gobierno es que su aplicación pudiera ser iniciada por quienes tienen la legitimación para hacerlo: el Gobierno, el Congreso y el Senado.

P. ¿La activación del auto del juez Baltasar Garzón es un trabajo previo para la ilegalización de Batasuna?

R. La vía penal la tenemos abierta en nuestro ordenamiento jurídico y es compatible con la constitucional que abre la Ley de Partidos. La decisión de Garzón, acorralando a los cómplices de los violentos, es muy positiva.

P. ¿Cuál de las dos vías, la penal o constitucional, va a ser más operativa y rápida?

R. Tienen alcances diferentes. La vía constitucional tiene un amplio alcance en la medida que pueden tener la iniciativa Gobierno, Congreso y Senado y la resuelve la máxima instancia del país, el Tribunal Supremo. El procedimiento de la vía constitucional está claramente establecido. Tiene una primera instancia ante el propio Supremo y efectivamente no tiene todos los procelosos elementos de la vía penal.

P. La Ley de Partidos dice que se procederá a la ilegalización de Batasuna cuando se produzcan una serie de hechos graves y de forma reiterada. ¿Cuando será ese momento?

R. Es la clave. La ley se ha hecho de forma rigurosa y con la voluntad de luchar contra el terrorismo. Esos dos elementos van a estar presentes en su aplicación. Existe la voluntad política de impulsar la aplicación de la ley y de que los criterios sean jurídicos. Los equipos jurídicos de la Fiscalía, el Gobierno, el Parlamento y el Senado están analizando ya la reiteración y concurrencia de una serie de hechos para cuando se consideren suficientes como para cumplir el supuesto legal previsto que dé posibilidades a plantearlo al Tribunal Supremo. De momento, estamos acumulando elementos probatorios en estos 15 días y hay que ver cuándo se producen los elementos de hecho suficientes como para constituir el supuesto de ilegalización. Se ponderará con mucha exactitud.

P. ¿Por qué CiU es reticente a promover como partido la aplicación de la ley?

R. CiU ha votado la aprobación de la ley. Creo que si se mantiene en el sentido común, estará con todos los demócratas.

P. ¿No hay una estrategia en el Gobierno para lograr la ilegalización de Batasuna antes de la celebración de las elecciones municipales para evitar su presencia en los ayuntamientos?

R. Esta ley tiene un alcance que no hay que vincularla a aspectos coyunturales. Tiene una trascendencia democrática lo suficientemente importante como para que su aplicación dependa de calendarios políticos. No se hizo con un propósito temporal.

P. Del Pacto de Estado de la Justicia se resaltó como gran logro que había conseguido despolitizar la Justicia y, en especial, el nuevo modelo del Consejo General del Poder Judicial, pero en realidad cada vez que ese órgano tiene que tomar una decisión importante se divide mecánicamente en 11 y 9 consejeros.

R. El Pacto fue un gran éxito democrático. Permitió poner en marcha una ambiciosa y profunda reforma de nuestra justicia, tan necesitada de modernización. Nuestra justicia estaba diseñada con arreglo a esquemas del siglo XIX en su funcionamiento cotidiano y precisaba otro modelo global y estable para ser más eficaz, ágil y de calidad. El Pacto tiene muchos elementos en esa línea y uno de ellos es que por primera vez se alcanzó la paz constitucional en el único órgano sujeto a una confrontación radical entre los dos grandes partidos, que es el nuevo modelo de elección del Consejo del Poder Judicial. Pero que haya paz no supone que el modelo deje de ser democrático. Y las reglas de juego en este tipo de órganos colegiados establecen el principio de votación. No creo que por que haya alguna mayoría y muchas veces unanimidad esté en cuestión el modelo.

P. Usted ya ha avanzado que medios y recursos no le van a faltar a este Pacto. Pero el PSOE denuncia que en el primer presupuesto sólo se han fijado 96 millones de euros de los 1.081 establecidos para sus ocho años de vigencia. ¿Puede ser más concreto en el compromiso económico inminente?

R. Sin duda la Justicia requiere una reforma estructural y más medios. Pero dar más medios sin la reforma estructural también es un error porque sería como echar agua en una cesta. Por ejemplo, la modernización en marcha del sistema retributivo de jueces, fiscales y secretarios judiciales exige medios, y los habrá. Queremos implantar los juicios rápidos en 72 horas para determinados delitos y vamos a hacer un plan de implantación de ese tipo de juicios y eso también contará con medios. Hemos elaborado una carta de derechos de los ciudadanos con la Justicia y eso supone oficinas de atención al ciudadano en todos los órganos judiciales. Eso exige medios y el día que se me nombró ministro estuve reunido con los vocales del Poder Judicial para iniciar ese desarrollo. Es decir, lo que hacen falta son decisiones y medios y eso tengo la certeza absoluta de que se va a producir.

P. Una de las actuaciones que el PSOE relaciona con la política de consenso del Pacto es el nombramiento del fiscal general del Estado. El PSOE ya pidió a su antecesor que le destituyera por su perfil muy parcial y ahora vuelve a demandarlo. ¿Continuará Jesús Cardenal?

R. Es cierto que las personas que han trabajado en el ámbito de la Justicia están haciendo bien su trabajo y en el Ministerio de Justicia yo apuesto por la continuidad de todo el equipo y también por la del fiscal general del Estado.

P. El ministerio ha vendido como una de las revoluciones del Pacto que los juzgados iban a trabajar por la tarde para reducir los retrasos en las resoluciones pero la verdad es que los jueces se han ofrecido para esa colaboración en un cupo muy escaso.

R. Lo dice el Pacto es que la Justicia pueda atender al ciudadano por las tardes. Y eso está en marcha. Hay en el ámbito de la primera instancia civil 396 órganos judiciales con plan de refuerzo y vamos a aprobar más iniciativas en ese sentido. Eso está permitiendo que por primera vez en la historia sean más los asuntos que se resuelven que los que entran. Se ha invertido la tendencia.

P. Usted colaboró en el Gobierno y el PP tanto con el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, como con su sucesor en la secretaría general del partido, Javier Arenas. ¿Quién tiene razón en esta polémica sobre la exclusividad o de la delegación de competencias en ese cargo?

R. He trabajado a las órdenes de los dos. Son grandes políticos, con gran capacidad de empuje y de tomar decisiones. Los dos tienen muy claro algo que compartimos todos los que estamos en el proyecto del PP y es que antes que las ideas u opiniones personales está el proyecto común.