Unas municipales sin Batasuna
No existe un calendario concreto para la ilegalización de Batasuna, dado que, formalmente, supondría admitir la retroactividad de la futura Ley de Partidos, algo que rechaza explícitamente el texto pactado esta semana. Pero en la práctica, todos, populares y socialistas, creen que la intención del Gobierno es impedir que se presente a las elecciones municipales de 2003.
Todo dependerá, aseguran en la dirección del PSOE, del informe que elabore Interior, con fecha posterior a la entrada en vigor de la ley, y de su capacidad para dejar establecidos una serie de hechos que puedan convencer al Tribunal Supremo. Y, más adelante, que sea capaz también de convencer al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde sin duda acabará la nueva Ley.
Hay dudas sobre si la nueva Ley de Partidos permitiría la existencia en España de un grupo como el FN de Jean-Marie Le Pen, con un programa xenófobo
Estrategia de Batasuna
El calendario debería depender también, según los socialistas, de la actitud que adopte la propia Batasuna. Descartada la posibilidad de que modifique su conducta de apoyo a los actos terroristas de ETA, la duda es si optará por un enfrentamiento directo en la calle como protesta por la nueva ley o si decidirá que prácticamente toda la organización se sumerja en la clandestinidad, evitando por el momento nuevas apariciones y declaraciones públicas.
Los dirigentes de Batasuna siempre han reconocido que las campañas electorales municipales han sido uno de sus principales objetivos políticos y que la presencia en los ayuntamientos del País Vasco es desde hace años elemento básico de su estrategia. Ver cerrado ese camino les obligará necesariamente a adoptar nuevas decisiones.
La gestión de la nueva Ley de Partidos se convierte ahora también en un nuevo elemento de la vida política. Los socialistas creen que habrá que 'administrar la ley consensuadamente', mientras que los populares estiman que tendrá 'su propio desarrollo, como todas las leyes'. Es posible, pues, que el cierre del texto de la ley no implique el cierre del debate sobre cómo aplicarla en el futuro.
La propia Convergència i Unió (CiU) piensa que no sería razonable solicitar su apoyo para la nueva ley y que el Gobierno de Aznar y la oposición socialista dejaran luego a los nacionalistas catalanes completamente fuera del diseño de la política antiterrorista, como ha sucedido en otras ocasiones.
'El pacto antiterrorista fue suscrito entre el PP y el PSOE, pero ya entonces dijimos que las medidas concretas a que diera origen deberían contar con el máximo apoyo posible de otras fuerzas políticas', asegura uno de los representantes socialistas en las negociaciones de la ley. Desde su punto de vista, la nueva Ley de Partidos debe restablecer la conexión con los otros grupos democráticos.
La satisfacción que muestra el equipo negociador socialista por los resultados obtenidos y especialmente por la mejora de la estructura democrática de la ley, es general en todo el partido, aunque con matices. Un sector considera que, al margen de la oportunidad de la ley, el PSOE ha dado el mensaje de ser un firme defensor de medidas antiterroristas y de comportarse con el Gobierno como querría que se comportara cualquier oposición en el pasado y en el futuro. Pero otro sector advierte que este acuerdo no debe ocultar las diferencias entre los dos partidos ni el hecho de que el encontronazo final con el PP será inevitable, al margen de esta ley, porque los populares tienen un rechazo tan enorme del nacionalismo que se niegan a mantener relaciones de normalidad política. 'Me preocupa que terminemos como los del río Kwai, construyendo estupendamente leyes y puentes que nos perjudiquen', critica un veterano diputado.
Xenofobia y racismo
Al margen de la discusión política interna, la posible intervención del Tribunal de Estrasburgo, si llega a producirse, será seguida con interés en otros países europeos, porque la ley española no sólo permitirá la ilegalización de organizaciones y partidos políticos que apoyen el terrorismo, sino también la de aquellos que tengan propuestas o prácticas xenófobas o racistas.
Con el borrador español en la mano, existen dudas sobre si se permitiría la existencia de un partido como el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen. Sería probablemente en los tribunales donde se tendría que decidir si se considera xenofobia negar a los trabajadores extranjeros, aunque estén regularizados, igualdad de condiciones en las prestaciones de sanidad o educación pública, como propuso el último programa electoral del FN francés.
