Perú suspende las privatizaciones ante la revuelta social en Arequipa
El Gobierno de Toledo se ve amenazado por una ola de dimisiones
La crisis que enfrenta el joven Gobierno peruano de Alejandro Toledo no ha sido superada con el acuerdo suscrito entre la comisión oficial y las autoridades del sureño departamento de Arequipa. La Declaración de Arequipa ha aplacado la parte más aguda de la crisis, y el Gobierno espera que tenga un efecto calmante sobre los otros frentes regionales en pie de lucha desde el viernes pasado.
Las violentas protestas se desataron tras la decisión del Gobierno de privatizar dos empresas eléctricas del sur del país. Pero también ha puesto en entredicho la gobernabilidad de Perú.
Tras 24 horas de intensas negociaciones en Arequipa entre la denominada Comisión de Alto Nivel -presidida por el obispo emérito de Arequipa, monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrada por cinco ministros y varios asesores, y autoridades locales- y, después de que el presidente Alejandro Toledo pidiera disculpas por la privatización de Egasa y Egesur en una carta, se suscribió el acuerdo.
El Gobierno se compromete en dicho documento a suspender la privatización de Egasa y Egesur hasta que el Poder Judicial resuelva el recurso de amparo interpuesto por el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén. Asimismo, ambas partes pidieron el cese inmediato de la violencia y el Gobierno se comprometió a levantar el estado de emergencia decretado en días pasados.
Conocido el documento, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, hizo pública su renuncia, quien se apartó por no estar de acuerdo con la solución a la crisis. Los reflectores apuntan ahora al ministro de Justicia, Fernando Olivera, uno de los ministros comprometidos a pedir perdón por los términos 'ofensivos' empleados contra el pueblo de Arequipa. Si Olivera sale del Gabinete, Toledo pierde en el Congreso la mayoría que le aporta la alianza con el Frente Independiente Moralizador (FIM) liderado por Olivera.
También se esperan las declaraciones del primer ministro, Roberto Dañino, y del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuzcynski. Su silencio puede significar su rechazo al acuerdo, o una reflexión sobre su permanencia en el Gabinete, pues la Declaración de Arequipa puede implicar, además, un cambio en la política económica del Gobierno de Toledo.
