Cartas marcadas
Los contribuyentes españoles han recibido una carta con membrete del Ministerio de Hacienda y firma del titular de ese departamento, Cristóbal Montoro, en la que se glosan las ventajas de la reforma del IRPF, actualmente en trámite parlamentario. No es la primera, pero sí la más descarada, confusión entre la propaganda partidista y las instituciones del Estado.
El texto de tan peculiar misiva desarrolla las excelencias del futuro IRPF, desde la disminución de la tarifa del impuesto o el aumento de las deducciones personales hasta la ayuda de 1.200 euros anuales para las madres que compaginan el trabajo con las tareas familiares. El ministro despacha en la carta, que pretende ser personal, las mismas generalidades que expuso con motivo de la presentación pública de la reforma: insiste en que 'el ahorro medio por contribuyente será del 11%, y para las personas con rentas inferiores a 12.000 euros este ahorro será del 38%'. Pero como Hacienda no ha facilitado información sobre cumplimiento del IRPF en años anteriores, la afirmación es indemostrable y probablemente interesada.
No es éste el único ejercicio de parcialidad de la comunicación del ministro. Nada dice a los contribuyentes de la rebaja de la tributación de las plusvalías con más de un año desde el 18% al 15%. Quizá el destinatario de los afanes epistolares del ministro hubiera agradecido esa información. Pero lo peor es el desprecio por el Parlamento que refleja su afán en dar por aprobada una reforma en tramitación y sobre la que podrían introducirse variaciones. La carta de Montoro es una demostración palpable de la falta de escrúpulos ('actuar sin complejos', dicen) que afecta a este Gobierno, cada vez más convencido de que las reglas de juego pueden relativizarse cuando se tiene mayoría absoluta.
Que no se trata de una actitud aislada lo demuestra la actitud que está teniendo el Gobierno ante la huelga general convocada por los sindicatos. El viernes, el ministro portavoz se descolgaba con los resultados de una encuesta del CIS organizada de prisa y corriendo para demostrar que una mayoría de ciudadanos no piensa secundar el llamamiento. Aparte de la lectura sesgada de los resultados - una mayoría está de acuerdo con la huelga-, resulta insólita esa utilización partidista de las instituciones e instrumentos del Estado en beneficio del partido que gobierna y de sus posiciones en un conflicto abierto. Esta actitud, que está envileciendo la vida política, no es nueva, pero ahora se manifiesta con sorprendente desvergüenza.
