Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lo que ha sembrado

El Gobierno tiene un quebradero en Sevilla con el encierro en locales universitarios de unos 500 inmigrantes sin papeles, en su mayoría antiguos recolectores de la fresa en Huelva. Es un problema delicado, porque una entrada policial a la brava en la universidad en vísperas de la cumbre de la UE no es exactamente la mejor forma de culminar el semestre de presidencia española. Pero sería injusto no recordar la responsabilidad del propio Gobierno en el origen de este asunto.

Según el presidente de la patronal onubense del sector, fue el Gobierno quien decidió sustituir de golpe al habitual colectivo de inmigrantes mayoritariamente marroquíes por trabajadores polacos y rumanos contratados en origen; una decisión sorprendente que dejó, además, en el aire la sospecha de una actuación discriminatoria.

¿Hay que rasgarse las vestiduras porque estos trabajadores, que llevan meses deambulando por la zona y viviendo de la caridad, aprovechen la cumbre de Sevilla para dar a conocer su situación? ¿No figura al frente de la agenda de la cumbre la discusión sobre nuevos criterios acerca de la inmigración? El Gobierno español miró para otro lado cuando se estaba incubando el problema, y ahora no sabe qué hacer para evitar que la desesperación de esos inmigrantes se haga visible en el escaparate internacional. El desconcierto gubernamental ha brillado a gran altura en las declaraciones del prosopopéyico delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, exhortando a los ocupantes de la universidad a que regresen a su casa ante la falta de trabajo.

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No tienen trabajo, pero lo tenían, aunque en precario, y estaban en condiciones de regularizar su situación, puesto que venían siendo contratados para la campaña anual de la fresa, que dura cuatro meses. Una parte de estos trabajadores carecían de papeles, pero otros muchos los tenían, aunque sólo válidos para cada campaña. En lugar de renovarlos o dárselos a quienes de hecho estaban incorporados al mercado de trabajo, el Gobierno ya optó el año pasado -recién estrenada la nueva Ley de Extranjería- por negárselos, en contra del criterio de los empresarios del sector, que tuvieron que soportar graves pérdidas por falta de mano de obra. No es extraño que estos empresarios se laven ahora las manos y responsabilicen a la Administración.

El Gobierno está cosechando lo que ha sembrado. Y resulta casi ofensivo que un responsable político suponga que la cosa se resuelve instando a los encerrados a volverse a casa. Para que esto ocurra tendrían que echarlos, llevando a sus últimas consecuencias la estricta aplicación de su Ley de Extranjería. Demasiado simplista.

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