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GUERRA CONTRA EL TERROR

La abogada de Padilla dice que su situación es inconstitucional y pide su liberación inmediata

El caso Padilla ha abierto un nuevo frente de debate sobre la constitucionalidad de las medidas antiterroristas en Estados Unidos. Donna Newman, abogada de oficio de José Padilla, también conocido como Abdulá al Mujahir, afirmó ayer que la situación del presunto colaborador de Al Qaeda, la organización de Osama Bin Laden, era claramente anticonstitucional y pidió ante un juez federal de Nueva York la liberación inmediata de su defendido, sobre el que no pesa ninguna acusación.

Padilla, ciudadano estadounidense de 31 años, fue detenido el pasado 8 de mayo en el aeropuerto de Chicago, donde llegó tras una estancia en Pakistán. El fiscal general, John Ashcroft, dijo que Padilla viajó a Estados Unidos como observador de Al Qaeda, para localizar posibles objetivos en los que colocar una "bomba sucia" (un explosivo convencional envuelto en materiales radiactivos). El domingo fue transferido a una cárcel militar como "combatiente enemigo". En teoría, podría permanecer años detenido sin comparecer ante un juez.

La abogada Donna Newman presentó el martes ante el juez federal Michael Mukasey, de Nueva York, una moción en la que pedía la liberación inmediata de Padilla, sobre la base de que su detención era anticonstitucional. Según Newman, que se apoyaba en la opinión de numerosos constitucionalistas, el Gobierno no tenía derecho a tratar a un ciudadano estadounidense como "combatiente enemigo".

Padilla permanecía detenido por lo que habían declarado sobre él "fuentes desconocidas de fiabilidad desconocida y credibilidad desconocida", dijo la abogada, que esgrimió un antecedente a su favor: en abril, otro juez federal neoyorquino consideró anticonstitucional que el Gobierno detuviera a testigos para obligarles a comparecer ante un gran jurado. Y ésa es la intención gubernamental en este caso. "No tenemos interés en juzgar a Padilla; lo que nos interesa es averiguar lo que sabe", dijo el lunes el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

Conflicto jurisdiccional

El juez podría tratar de esquivar el caso por un conflicto de jurisdicciones. Los fiscales, en nombre del Gobierno, alegaron que la moción de la abogada Donna Newman debía presentarse ante un juez federal de Carolina del Sur, porque la cárcel militar de máxima seguridad donde se encontraba Padilla estaba en ese Estado.

El juez Mukasey admitió el martes que no estaba seguro de tener competencias sobre el asunto. Los fiscales anunciaron que recurrirían cualquier decisión judicial que implicara la puesta en libertad de Padilla. Lo mismo pensaba hacer la defensora de oficio si el juez diera por legal la situación del detenido. Por el momento, el juez ha dado al Gobierno 21 días de plazo para que explique su actuación con Newman.

Sobre Newman, que no ha podido comunicarse con Padilla desde que fue trasladado a una cárcel militar, pesa una orden judicial que le prohíbe hacer pública la información que pueda hacerle llegar su defendido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de junio de 2002