Agricultores, jornaleros y Estado de bienestar

Los medios de comunicación no suelen prestar mucha atención a las noticias relacionadas con la agricultura y el medio rural. Pero estos días se están aventando ante la opinión pública algunos hechos como 'las subvenciones que percibe la agricultura y su desigual reparto', 'la supresión del Plan de Empleo Rural (PER)', y 'las denuncias ante Bruselas por la distribución de los fondos para el desarrollo rural', cuyo alcance y contenido merecen ser conocidos con claridad. Todos ellos inciden en la demolición del llamado Estado de bienestar.

El hecho de que la agricultura europea está muy subvencionada es algo sabido. En realidad ésta ha sido una de las ventajas de nuestra incorporación a la CEE. Estas subvenciones constituyen una parte importante de los ingresos de nuestra actividad agraria (en 2001 superaron los 4.800 millones de euros, el 22% de la renta agraria), al igual que lo está siendo para los agricultores de los restantes países de la UE. La cuestión es que, por diversas razones (presupuestarias, acuerdos comerciales internacionales, crisis de inseguridad alimentaria), este flujo de fondos va a tener que reducirse y, además, ha perdido parte de su legitimación económica y social originaria.

Las subvenciones en 2001 superaron los 4.800 millones, el 22% de la renta agraria

El PER ha ofrecido unos resultados positivos en términos de estabilidad social

Reparto desigual

El desigual sistema de reparto de las subvenciones resulta especialmente escandaloso en países como el nuestro, con una estructura productiva muy desequilibrada (un 5% de explotaciones agrarias grandes o muy grandes económicamente viables aunque no tuvieran ayudas, un 30% de pequeñas y medianas explotaciones que necesitan alcanzar o consolidar su viabilidad y un 65% de explotaciones marginales), cuando se constata que la mayor parte de los fondos es acaparada por un número muy reducido de explotaciones (sólo un 2% de beneficiarios recibe un tercio del importe total).

Por ello, cuando desde 1999 existe la posibilidad de que los Estados mejoren voluntariamente este sistema (la llamada 'modulación' de las ayudas), no se justifica que en nuestro país haya seguido sin aplicarse.

Sin duda va a ser necesario que se declare obligatoria la 'modulación' en toda la Unión Europea. Pero esta medida no sólo es necesaria por razones de equidad, sino porque permitirá liberar fondos que estimulan producciones a menudo excedentarias, pudiendo ser mejor utilizados en conseguir una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y en financiar más programas de desarrollo rural. Pues, una vez asegurado el abastecimiento alimentario, el reto actual es mejorar su seguridad (la calidad alimentaria), y un desarrollo económico espacialmente más equilibrado en favor de las extensas zonas rurales. Si al mismo tiempo se establecieran intercambios comerciales más justos con los países en desarrollo exportadores de alimentos (y de mano de obra), el efecto neto de la medida sería aún más beneficioso.

Otro hecho especialmente destacable es la supresión del sistema de protección por desempleo de los jornaleros eventuales agrarios. Estos asalariados eventuales constituyen un inmenso colectivo (unos 700.000 afiliados a la Seguridad Social Agraria por cuenta ajena, sin contar con otros 100.000 inmigrantes irregulares que carecen de papeles en un 75%, según fuentes sindicales), y en Andalucía y Extremadura configuran uno de los grupos profesionales más importantes, aunque su presencia también es significativa en otras comunidades autónomas.

Como se sabe, los efectos de la modernización de la agricultura han sido muy duros para los jornaleros, que ni siquiera han contado con una política agraria común (PAC) omnipresente y protectora. Por ello, cuando en 1984 se creó el Plan de Empleo Rural (el PER, formado por la suma de un subsidio agrario no contributivo, inversiones públicas generadoras de empleo inmediato y cursos de formación ocupacional), se establecieron unas mínimas condiciones de cobertura socioeconómica en un sector que carecía de seguro de desempleo.

Ciertamente el sistema PER ha conocido un éxito excesivo, pues, además de servir de ayuda a los parados de origen agrario, ha incorporado a otros colectivos rurales en busca de un empleo cada vez más imposible en la agricultura (con exclusión de las zonas de la nueva agricultura industrial). De este modo, los beneficiarios y el gasto, en particular en subsidio agrario, han aumentado año tras año (en 2000 se subsidiaron 224.000 eventuales agrarios con 900 millones de euros).

Con todo, se ha tratado de un programa que ha ofrecido unos resultados netamente positivos en términos de estabilidad social de numerosos pueblos andaluces y extremeños, mientras que no acababan de surgir nuevas y suficientes posibilidades de desarrollo rural. También los empresarios se han visto beneficiados, tanto por la baja conflictividad laboral existente, como por la tendencia a la baja de los salarios, reforzada por la creciente presencia de una mano de obra inmigrante y barata.

La cuestión es que la supresión de este sistema, en lugar de su mejora, no va a hacer desaparecer la enorme bolsa de paro rural existente en algunas regiones. Esta peculiar situación es fruto de nuestra propia historia (la ausencia de una reforma agraria, que nunca existió) y del atraso económico relativo de nuestro país, incapaz de absorber su propia oferta de mano de obra.

El último hecho proviene de que, ante las sucesivas reformas de la PAC, que implican una reducción constante del número de agricultores, la Unión Europea ha venido aplicando diversos programas de diversificación de la actividad económica en el medio rural. Uno de los programas más conocidos por su impacto mediático ha sido el LEADER-PRODER, consistente en subvencionar pequeñas inversiones municipales y privadas a nivel local (en pequeñas empresas, turismo rural, valorización del patrimonio rural), que sirvan de ejemplo e incentivo para otras iniciativas económicas.

Programas eficientes

La importancia de este tipo de programas no guarda relación con su dotación financiera (unos 500 millones de euros para el periodo 2000-2006), sino por su dispersión territorial (unas 230 comarcas fueron beneficiarias en el periodo anterior 1994-1999, que supusieron el 61% de los municipios, el 68% de la superficie y el 22% de la población del país). De este modo, a pesar de su exigua dotación por comarca, en numerosas zonas rurales se consiguieron resultados apreciables.

Sin embargo, en muchos casos la definición de las zonas beneficiarias se ha visto seriamente orientada no por su idoneidad para el éxito de los planes comarcales de desarrollo rural, sino por simples consideraciones de carácter político ('clientelismo'). Con ello se ha puesto en evidencia una enorme falta de eficacia (mala gestión) y de eficiencia (escasez de resultados). De otro modo, los fondos se gastan pero no se consiguen los efectos necesarios para el desarrollo económico rural, lo cual es especialmente grave en un país como España, que carece de una política rural propia.

Estos tres hechos están estrechamente relacionados entre sí, en la medida en que afectan a las posibilidades de desarrollo presentes y futuras de nuestro medio rural. Pero, sobre todo, en sus aspectos más criticables, muestran tres maneras distintas de atentar contra el mantenimiento de nuestro ya débil Estado de bienestar.

Jesús G. Regidor es profesor de Economía Agraria y Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de Madrid.