La reforma pesquera que defiende Bruselas divide a Europa en dos bloques

Los ministros de Pesca reaccionaron ayer por primera vez, en clave puramente nacional, a la propuesta de la Comisión Europea para recortar hasta un 60% la capacidad de la flota comunitaria. Los países amigos de la pesca -España, Italia, Francia, Portugal y Grecia- consideran que la reforma es brutal, desequilibrada y técnicamente mala. Los amigos de los peces -Holanda, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria y Luxemburgo-, la aceptan.

Bastó hora y media para que en el Consejo de Ministros se consolidara una clara división entre los países que apoyan la reforma de la política pesquera propuesta por Bruselas y los que se oponen a ella porque consideran que el coste social será muy elevado. Ocho contra cinco, para ser exactos, salvo dos delegaciones, la irlandesa y la danesa, que mantuvieron posiciones intermedias. Irlanda, hasta ahora, se consideraba del segundo grupo. El debate lo arrancó el comisario de Pesca, el austriaco Franz Fischler, con una intervención conciliadora en la que se limitó a exponer los principios sobre los que se sustenta su propuesta.

El comisario dijo que ahora está en manos de los ministros decidir el futuro de los pescadores, sean españoles, irlandeses, daneses o franceses, y defendió que eso pasa por una gestión duradera de los caladeros. 'El exceso de capacidad plantea problemas al desarrollo sano de un sector en el que cada año se pierden 8.000 empleos. ¿Es socialmente aceptable asistir a su muerte lenta?', se preguntó.

Reconversión

Fischler insistió en la necesidad de orientar las ayudas hacia planes que fomenten la reconversión profesional y advirtió que desde Bruselas no se pretende imponer el desguace de ningún barco. 'Las cifras de las que se habla [en torno a 1.300 barcos en el caso español] son meras aproximaciones que no deben ser tenidas en cuenta como una propuesta firme. Simplemente, ofrecemos una salida voluntaria al sector', explicó.

Después, uno a uno, los ministros fueron interviniendo. El más duro fue el recién estrenado ministro de la Pesca francés, Hervé Gaymar, quien calificó la propuesta de 'desequilibrada' y consideró inaceptable el abandono de las ayudas a la modernización y a la construcción de nuevos barcos porque 'conducirá a la desaparición del sector artesanal'. 'La propuesta no es negociable', afirmó Gaymar. 'Debe hacerse con los pescadores, no contra ellos', le acompañaron en sus intervenciones los ministros griego e italiano.El ministro portugués de Pesca, Armando Sevinate Pinto, dijo que su país nunca aprobará una reforma que ponga fin a esas subvenciones, y cualquier propuesta en este sentido será rechazada 'con vehemencia' y 'sin ambigüedades', porque 'hay puntos que jamás podremos aceptar'. También consideró que la propuesta 'está técnicamente mal hecha'. El Gobierno español, por su parte, aprovechó para atacar la 'base científica y la metodología' utilizada por Bruselas para diseñar la reforma. 'Hemos detectado errores considerables', declaró el ministro de Pesca español, Miguel Arias Cañete, quien afirmó que 'es una propuesta a la que hay que darle la vuelta'.

Apoyo

Los países denominados amigos de los peces apoyaron en términos generales los planteamientos de la reforma, tal y como ha sido diseñada por Fischler, aunque desean retoques técnicos respecto a los buques que deberán ser desguazados. Lo que más les preocupa a estos países es que con el fin, el año próximo, de las restricciones de acceso a las aguas del norte, impuestas a España y a Portugal cuando ingresaron en la Comunidad, 'los buques ibéricos invadan nuestras aguas'.

A partir de ahora, estos dos bloques de países deben empezar a trabajar para consolidar sus estrategias en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros. Los amigos de la pesca pueden bloquear ya la reforma, pero los amigos de los peces pueden echarles atrás cualquier intento. La próxima discusión se producirá en octubre, bajo presidencia danesa. El objetivo es que la reforma esté aprobada antes de final de año para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2003, aunque a la vista de la situación se retrasará varios meses.