Bruselas acusa al Gobierno español de presionar a los comisarios sobre la pesca e incumplir el tratado
Las presiones del Gobierno español para boicotear la prevista reforma de la Política Pesquera Comunitaria planteada por la Comisión Europea, partidaria de una drástica reducción de la capacidad de capturas, está provocando una fuerte tensión entre los Ejecutivos de Madrid y Bruselas. El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue acusado ayer por fuentes oficiales comunitarias de 'incumplir el tratado' porque el día anterior aseguró en TVE que seis Gobiernos, entre ellos el español, habían 'instruido' a sus 'comisarios respectivos' para que frenaran el proyecto, como así ocurrió.
'Los Estados miembros que formamos ese grupo , autodenominado grupo de amigos de la pesca, hemos instruido a nuestros comisarios respectivos para que trataran de parar la reforma', dijo textualmente Arias Cañete. 'Es cierto que se han ofrecido presiones', agregó, 'y está aplazada la reforma hasta el 28 de mayo'.
Para las fuentes oficiales consultadas en la Comisión, los comentarios del ministro 'demuestran que el Gobierno español ha incumplido el Tratado de la Comunidad Europea', que en su artículo 213 dice textualmente: 'Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. (...) Cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir en los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones'.
De acuerdo con el tratado, el colegio de comisarios está integrado por al menos un nacional de cada Estado miembro (dos en los casos de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España), pero no representan a sus países. Por eso, los comentarios de Arias Cañete (ex eurodiputado) han originado un fuerte malestar en Bruselas. 'Reaccionar con presiones es no saber cómo funciona la Comisión', ha asegurado el portavoz del presidente de la Comisión, Romano Prodi.
Fuentes próximas a los comisarios españoles Pedro Solbes (Economía) y Loyola de Palacio (Transportes y Energía) optaron por no hacer comentarios al respecto.
El propio presidente del Gobierno español, José María Aznar, entró en contacto con Prodi a finales de la pasada semana para expresarle el rechazo español a la propuesta. Elaborada bajo la responsabilidad del comisario Franz Fischler, la propuesta iba a ser estudiada por la Comisión el miércoles, pero se optó por un aplazamiento por las tensiones generadas. El borrador del plan, que prevé reducir en un 40% la capacidad de capturas, incluye eliminar las ayudas a la modernización de flotas y dedicar a actividades alternativas fondos dirigidos hoy al sector.
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