Eroski justifica las cámaras ocultas por los robos ocurridos en el hipermercado

La antigua gerente del hipermercado Eroski de Vitoria admitió ayer ante el juez haber colocado en diciembre de 1999 dos cámaras ocultas, una de ellas en la sala de relax de los empleados del centro, pero alegó que no llegó a registrar imagen alguna. El proceso que se sigue contra la directiva por vulnerar presuntamente el derecho a la intimidad de los cooperativistas, y por el que el fiscal pide dos años de prisión, reveló profundas diferencias entre los trabajadores y la dirección del hipermercado sobre los límites que existen en el control de su actividad laboral cotidiana. Varios de los testigos llegaron a denunciar presiones de la dirección para que no ejercieran acciones judiciales en esta causa.

El motivo de la instalación de un discreto dispositivo de vigilancia sobre el que no se informó a la plantilla fue intentar descubrir a los responsables de los 'robos generalizados' que se habían registrado en el centro comercial de Eroski en Vitoria, según declaró la antigua gerente A.U.A., actualmente responsable del híper de la cooperativa en Abadiño. Ante las sospechas de que los autores de hurtos -que la acusada cifró en 10 millones de pesetas- fueran empleados de la empresa, decidió colocar dos cámaras ocultas, una de ellas en la sala que usan los empleados en el receso laboral para tomar café y almorzar. La instalación se llevó a cabo en la madrugada del 23 de diciembre de 1999 por operarios de una firma externa de vigilancia. Las imágenes de las dos cámaras debían llegar a unos monitores que la propia gerente mandó colocar en su despacho.

Sin embargo, la acusada y los instaladores señalaron ayer en el juicio que un problema técnico impidió que funcionara el sistema. Además, al día siguiente los empleados detectaron la presencia de la cámara y comenzó un tenso proceso de asambleas y reuniones entre directivos y empleados. De los dos centenares de trabajadores del híper, han sido cincuenta los que interpusieron la demanda. En ella denuncian amenazas de despidos, falta de transparencia e intento de investigar a la plantilla dentro de una dinámica que asimilan con el mobbing.

Varios meses después, en abril de 2000, al propio jefe de seguridad interna del híper fue denunciado por la empresa al descubrirlo protagonizando un robo. Uno de los puntos en que inciden el fiscal y la acusación particular es en la posibilidad de grabar sonido que tenía la cámara oculta. Argumentan que si bien registrar la imagen puede ser irregular, la captación de conversaciones vulnera claramente el derecho a la intimidad, al no poderse justificar por una investigación de hurtos.

Los técnicos y la gerente subrayaron que la cámara tenía ambos sistemas, aunque sólo se había resuelto activar el vídeo. El híper de Vitoria tenía hace dos años una veintena de cámaras de seguridad cuya ubicación conocían los empleados.

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